El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a recortar sus previsiones de crecimiento de China al 7,75% y ha advertido sobre el rápido aumento del críédito hacia inversiones poco útiles para el país.
Entre los problemas que detecta la institución financiera internacional se encuentran el que el crecimiento "se ha convertido en demasiado dependiente de la continua expansión de las inversiones, muchas de ellas provenientes del sector inmobiliario y los gobiernos locales, cuya posición financiera se ve afectada como resultado".
La gran disparidad de ingresos y los problemas medioambientales, a juicio del FMI, son señales adicionales de que el modelo de crecimiento actual "está agotado" y "debe cambiar".
El Fondo, que el mes pasado había situado las perspectivas de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la República Popular en el 8% para este año y el 8,2% para el próximo, calcula ahora que la economía de este país sólo aumentará en un 7,75% este año y en 2014. No obstante, el Gobierno chino se marcó como objetivo un crecimiento del 7,5% para este año.
En cuanto a otros indicadores, el FMI calcula que la inflación alcanzará el 3% y el superávit por cuenta corriente se mantendrá en torno al 2,5% del Producto Interior Bruto.
Al tíérmino de su misión anual para evaluar la marcha de la economía china, el subdirector gerente del Fondo, David Lipton, atribuyó el recorte en las previsiones a la debilidad de la economía global, que ha reducido el apetito por las exportaciones chinas.
Lipton indicó que el rápido crecimiento de la financiación social, un indicador del críédito disponible, ha crecido muy rápidamente, lo que "hace surgir preocupaciones acerca de la calidad de las inversiones y su impacto en la capacidad de devolución de los príéstamos".
El FMI ha detectado que "una parte en rápido crecimiento del críédito fluye a travíés de partes menos supervisadas del sistema financiero". Asimismo, considera que uno de los riesgos es que los críéditos se destinen a inversiones "que no sean lo suficientemente útiles para el país".
A su juicio, controlar el crecimiento total de la financiación social es una "prioridad" que requerirá una mayor supervisión y una mayor responsabilidad de los inversores por las decisiones que toman.
Esas políticas pueden ralentizar el crecimiento a corto plazo, admitió, si bien subrayó que al mismo tiempo apoyarían la transición a un modelo más sostenible de crecimiento.
No obstante, Lipton insistió en que la política financiera y monetaria que ha desarrollado hasta ahora Pekín es "apropiada".
Estímulos económicos
Si el crecimiento fuera a quedar por debajo de los objetivos del Gobierno chino, el Fondo recomienda recurrir a un estímulo fiscal que favorezca los ingresos y el consumo domíésticos.
El nuevo Gobierno chino que tomó posesión en marzo prepara una serie de reformas económicas que tiene previsto presentar en octubre y que podrían incluir, entre otros aspectos, una mayor apertura a la inversión privada y medidas que favorezcan la urbanización.
Aunque China cuenta con una capacidad política y financiera suficiente como para mantener la estabilidad en caso de problemas, "los márgenes de seguridad se estrechan", advirtió Lipton.
Por ello, son necesarias reformas que disminuyan los riesgos y encaminen a la economía por una senda de crecimiento más sostenible, que abandone el íénfasis en las exportaciones para centrarse más en el consumo interno.
Entre las recomendaciones del Fondo se encuentra la implantación de un sistema firme de gobernabilidad en las instituciones estatales o relacionadas con el sistema público de nivel más local, entre ellas bancos, empresas públicas o gobiernos locales.
Tambiíén recomienda continuar con la liberalización y reducir el papel del Gobierno, para permitir un mayor papel de las fuerzas del mercado.
En tercer lugar, defiende un reequilibrio del modelo económico que favorezca mayores ingresos y consumo de las economías domíésticas.
Así, China debería permitir una mayor competencia en los sectores considerados estratíégicos y aumentar los dividendos que pagan las empresas públicas para "mejorar la disciplina financiera y proporcionar mayores ingresos fiscales".
