El Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión) está acelerando el proceso de arbitraje de Repsol contra el Gobierno argentino por la expropiación de YPF.
Según indicaron fuentes consultadas por este diario, el organismo dependiente del Banco Mundial ha decidido nombrar como presidente del tribunal arbitral a Claus von Wobeser, un prestigioso abogado mexicano.
Wobeser será, por lo tanto, la persona que tendrá la última palabra en este delicado asunto en el que la compañía española reclama más de 10.300 millones de euros al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Junto a íél, estarán en el tribunal arbitral el chileno Francisco Orrego, a propuesta de Repsol, y la francesa Brigitte Stern, en representación de YPF, tal y como ya adelantó elEconomista.
Wobeser es socio fundador del despacho que lleva su nombre y cuenta con más de 40 años de experiencia asesorando a algunas de las 500 empresas más grandes del mundo, así como a entidades gubernamentales.
El abogado tiene una amplia experiencia en controversias internacionales de inversión o comerciales en las que ha participado en más de un centenar y ha ejercido como presidente en al menos 15 de estos litigios, algunos de ellos todavía abiertos.
Su trabajo más reciente incluye la asesoría a Anheuser Busch Inbev en su reciente adquisición de Grupo Modelo y a The Coca Cola Company en varias de sus transacciones clave de fusiones y adquisiciones.
El abogado mexicano nació el 3 de febrero de 1954, estudió en la Escuela Libre de derecho de Míéxico y se doctoró en Derecho Mercantil Europeo en la Universidad Droit, d'Economie et des Sciences Sociales de París.
El nuevo presidente del tribunal arbitral trabajó en Union Carbide (1975-1977) en el despacho Goodrich, Riquelme y Asociados (1977-1985) y desde 1986 formó su propio despacho desde el que ha representado a empresas nacionales y extranjeras en arbitrajes internacionales conducidos bajo las reglas de arbitraje más variadas.
Sus tesis profesionales se titularon 'Algunos aspectos constitucionales de la legislación de inversiones extranjeras' y otra sobre el 'Control de cambio francíés frente al principio de libre circulación de capitales de la Comunidad Económica Europea'.
Justificación de la disputa
Según explicó Repsol en su momento las actuaciones llevadas a cabo por Argentina constituyen una expropiación ilícita y una violación del Tratado y el Derecho internacional porque se trata de una expropiación discriminatoria que afecta únicamente a Repsol; no se ha acreditado la existencia de una causa de utilidad pública; no se han respetado las disposiciones legales para llevar a cabo la expropiación puesto que el Gobierno argentino tomó el control de YPF e YPF Gas sin realizar pago u ofrecimiento de pago alguno, situación que continúa en la actualidad y Argentina ha incumplido sus obligaciones de protección y justo trato a la inversión extranjera.
Adicionalmente, en el caso de YPF, el Gobierno argentino ha incumplido la obligación que tenía contraída con arreglo al Estatuto de YPF (aprobado en 1993 por el propio Gobierno), de formular una oferta pública de adquisición en el caso de que retomase el control de la compañía, como ha hecho, vulnerando así el derecho de los accionistas minoritarios de YPF.
Freshfields, Uría y Marval tendrán que comenzar ahora a presentar documentos frente al Ciadi sobre la causa en liza.
