Pocos podían imaginar que el soleado día del 4 de octubre de 2011 que iluminó el pueblo sevillano de Fuentes de Andalucía se iba a convertir en una tormenta para el emirato de Abu Dabi, cuyo príncipe heredero invitó a su amigo el rey don Juan Carlos I a la inauguración de una planta termosolar que hoy en día es un proyecto fallido. Una víctima más de la reforma energíética del ministro Josíé Manuel Soria que ha resquebrajado la confianza en España de uno de los mayores inversores del mundo.
Según distintas fuentes, el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha expresado su malestar a las autoridades españolas por el daño que le han provocado las reformas emprendidas por Soria para acabar con el díéficit de tarifa. Los bruscos recortes a las energías renovables han puesto en jaque los proyectos lanzados por Torresol Energy, una compañía con sede en Bilbao propiedad en un 60% de la ingeniería vizcaína Sener y en un 40% de Masdar, la división de energías alternativas del emirato petrolero.
La amistad entre el jeque y el Rey es tal que don Juan Carlos hizo un gran esfuerzo por acudir a la presentación de la planta de energía solar, ya que apenas un mes antes había sido operado del tendón de Aquiles. Aunque los míédicos le habían aconsejado entre siete y diez semanas de reposo, el jefe de la Casa Real no dudo en apoyarse en un bastón para asistir de pie a los actos conmemorativos.
En la inauguración no se ahorraron dispendios y a ella tambiíén acudieron el ministro de Industria, Miguel Sebastián, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jimíénez, el presidente de la Junta de Andalucía, Josíé Antonio Griñán, el presidente de Sener, Jorge Sendagorta, el de Torresol Energy, Enrique Sendagorta, el consejero de Seguridad Nacional de Emiratos írabes Unidos (EAU), Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el consejero delegado de Masdar, Sultán Ahmed Al Jaber, y el ministro de Asuntos Exteriores de EAU, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. En total, más de 350 invitados.
Apenas 18 meses más tarde y despuíés de tres profundas reformas elíéctricas –la definitiva se espera para julio-, la planta Gemasolar de Fuentes de Andalucía está condenada a las píérdidas. Como la gran mayoría de los proyectos de renovables, la construcción y el desarrollo de esta instalación se hicieron con un poco de aportación de recursos propios y mucha deuda bancaria. Un pasivo al que ahora es difícil hacer frente porque los números no salen tras la rebaja de las primas aprobada por Soria.
Popular y Santander, atrapados
En concreto, Gemasolar fue financiada por Banco Popular, Banesto (hoy Banco Santander), Instituto de Críédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones. Un príéstamo que se añade a los 540 millones que Torresol Energy pidió a otro sindicato de bancos para poner en marcha las plantas Valle 1 y Vallle 2 en Cádiz. La inversión total en estas tres plantas ha alcanzado los 940 millones de euros, mientras que la deuda total del grupo asciende a casi 1.000 millones de euros.
“Abu Dabi tiene por objetivo tender puentes con naciones de ideas afines para afrontar los mayores retos del mundo, como son la seguridad energíética, la mitigación del cambio climático y el desarrollo humano sostenible. Hoy se ha alcanzado un hito importante en este intentoâ€, señaló el consejero delegado de Madar, el sultán Ahmed Al Jaber. Hoy el puente entre Abu Dabi y España está agrietado por las consecuencias de las reformas energíéticas del Gobierno de Mariano Rajoy.
Desde el emirato se espera con ansiedad la última normativa que prepara Soria junto con el secretario de Estado, Alberto Nadal, y que se conocerá en breves semanas. La lectura de la nueva ley dictaminará si Abu Dabi se suma a la oleada de demandas que ya han considerado grandes compañías energíéticas, como Acciona, Endesa e Iberdrola, constructoras, como ACS y FCC, inversores institucionales, ahorradores particulares y bancos internacionales que han financiado el boom de las renovables y que se quejan de la inseguridad jurídica de España como destino de inversión.
