SG prevíé que la banca española salve 29.000 millones de activos fiscales
El cambio radical que la nueva regulación de Basilea III, que entra en vigor el próximo 1 de enero, impone sobre los activos fiscales diferidos –conocidos como DTA_por sus siglas en inglíés– se ha convertido en serio quebradero de cabeza para la banca española y en un decisivo elemento para los inversores a la hora de valorar al sector.
La nueva regulación establece que esos activos dejen de contabilizarse como recursos propios de máxima categoría y marca un plazo de diez años hasta su total desaparición a efectos de core capital, con descuentos progresivos del 10% anual. Esto supone un tijeretazo de 45.000 millones de euros para la banca cotizada española y, si bien el calendario para el recorte sería gradual, el mercado ya ha comenzado a juzgar a las entidades como si la entrada en vigor de esa regulación fuera a ser inmediata en toda su extensión.
Sin embargo, el propio sector confía en alcanzar un próximo acuerdo que permita mantener el actual ríégimen contable de los DTA, si no en su totalidad, al menos en parte. Y las firmas de análisis tambiíén comienzan a considerar un impacto de esta exigencia regulatoria menor de lo previsto en principio.
Sociíétíé Gíéníérale calcula en un informe que la banca cotizada española conseguirá mantener como recursos propios de primera categoría activos fiscales diferidos por importe de 29.000 millones de euros, despuíés de una solución parcial por el que este ríégimen se mantendría para las provisiones geníéricas. Esta estimación tendría como principales beneficiarios a Sabadell, Bankia y Caixabank.
