El interíés que ha suscitado en el sector la próxima subasta de NCG Banco (NovaGalicia), mucho mayor que el provocado por la de Catalunya Banc, tiene una explicación: la entidad que preside Josíé María Castellano cuenta con un enorme críédito fiscal de 4.500 millones con el que el comprador evitará pagar impuestos durante muchos años, según fuentes cercanas al proceso de venta. Ahora bien, de esa cantidad sólo están reconocidos 2.000, mientras que el resto depende de las negociaciones sobre activos fiscales que mantiene el Gobierno con Bruselas. Y Luis de Guindos admitió ayer que este tema no se habrá resuelto antes de la puja, lo que puede condicionar su resultado. Antes de la subasta de NCG se procederá a la venta de su unidad EVO Banco, en la que Castellano pone como condición que no haya ni un solo despido.
Este críédito fiscal proviene de los enormes saneamientos realizados por la entidad el año pasado con el dinero del rescate europeo (5.425 millones, que se suman a los 3.627 que le había inyectado el FROB anteriormente) y que le provocaron unas píérdidas de 7.938 millones. Los activos fiscales son futuros críéditos contra la Hacienda Pública -es decir, sirven para reducir los impuestos que deberían pagar los bancos por sus beneficios en el futuro- generados por píérdidas del pasado o, sobre todo, por los gastos anticipados (como las provisiones dotadas en 2012 por los Reales Decretos 'de Guindos' y los saneamientos y gastos de reestructuración).
Ahora bien, NCG Banco no se puede aplicar todo ese críédito fiscal porque su auditor (Deloitte) considera que, si continuara en solitario, sólo podría llegar a deducirse 2.000 millones en los 18 años que da de plazo la legislación española para aprovechar estos activos fiscales. Para llegar a los 4.500 millones, el comprador debe conseguir que a íél sí se le reconozca que tiene capacidad para generar beneficios suficientes. Así, Santander o BBVA probablemente no tendrían problemas para poder aprovechar en su totalidad el críédito, lo que significaría dos o tres años sin pagar impuestos. En el caso de CaixaBank, el más interesado en NCG, no está tan claro. Y mucho menos si se decide a pujar una entidad más pequeña.
Pero no se trata sólo de eso. La regulación internacional de solvencia conocida como Basilea III, que entra en vigor a partir de 2014, obliga a descontar los activos fiscales del cómputo del capital. Y eso anula las ventajas de este caramelo, puesto que el comprador tendrá que generar esa cantidad orgánicamente o levantar dinero en el mercado para compensar ese efecto (aunque tendrá 10 años para ello). Ahí es donde entra la negociación de Economía con la EBA (Autoridad Bancaria Europea) para buscar una fórmula para no tener que descontar estos activos del capital, al menos una parte de los mismos. Este domingo, el propio ministro Guindos aseguró que no cree que este reconocimiento pueda estar aprobado antes de la subasta, lo que cuestiona el resultado de la misma.
Se trata de eliminar esta ligazón con los beneficios, y que se transformen en un críédito contra Hacienda que se pueda recuperar con cualquier impuesto (IVA, transmisiones patrimoniales, IBI, etc.) y en cualquier circunstancia: aunque la entidad tenga píérdidas, se fusione o quiebre. Y que desaparezca el límite temporal actual de 18 años para poder aplicárselos, así como el tope de que estos críéditos no pueden superar el 50% de la base imponible positiva de cada ejercicio. Esto ya se ha hecho en la mayoría de los países europeos, pero cuenta con la oposición del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la merma de recaudación que supondría.
Aparte del críédito fiscal, los bancos interesados han planteado la posibilidad de ayudas públicas adicionales (EPA o inyecciones de capital) para adquirir NCG. Pero dado el tamaño del críédito fiscal, las fuentes consultadas no creen que vayan a ser muy elevadas –muy inferiores a las que requerirá Catalunya Banc en cualquier caso- e incluso sostienen que no serán necesarias. Además, Guindos tambien descartó ayer conceder un EPA (esquema de protección de activos). Como adelantó El Confidencial, el FROB exigirá que las pujas sean por el 100% del capital, lo que a priori deja fuera a los fondos aliados de Castellano y de Alberto Núñez Feijóo.
EVO pide mantener el empleo
Antes de que comience la subasta de NCG, prevista para mediados de septiembre, debe culminar la de EVO Banco, la red de oficinas de la entidad fuera de Galicia, Asturias y León. Este proceso ha atraído a varios fondos internacionales porque los bancos españoles rechazaron participar unánimemente por su estructura de balance: activo barato (hipotecas sin suelo con diferenciales ridículos) y pasivo caro e infiel al replicar el modelo de ING Direct. Además, las píérdidas de 400 millones del año pasado, adelantadas por El Confidencial, han hecho que las ofertas sean bastante bajas, aunque positivas (a diferencia de todas las ventas anteriores de entidades nacionalizadas).
En este proceso, encargado a Mediobanca, Castellano ha puesto como condición la conservación del empleo, es decir, que el comprador no acometa más despidos. La propia NCG ha reducido la plantilla de EVO en un 30% hasta dejarla en 615 empleados, con un recorte de oficinas en una proporción similar hasta las 80 actuales. Esa exigencia es bastante complicada para este tipo de fondos, acostumbrados a reestructurar radicalmente entidades con problemas para devolverlas a beneficios y venderlas con plusvalía en el plazo más breve posible.
Por otro lado, el Banco de España está poniendo pegas a que sea un fondo el comprador, según publicó el viernes el periódico Expansión. No obstante, desde el supervisor aseguran que es indiferente que sea un fondo o un banco mientras las condiciones de garantías, plan de negocio, permanencia, etc. sean similares. Y desde NCG sostienen que “si los fondos no pueden participar en bancos, entonces las entidades cotizadas deberían renunciar al 90% de sus accionistasâ€.
