AMANDA MARS - Barcelona - 24/08/2008
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La concesión a Abertis y Citi de la autopista Pennsylvania Turnpike, en lo que sería la mayor operación de la compañía española y la mayor privatización de una carretera en EE UU, ha desatado una fuerte políémica. La entidad semipública que gestiona la vía rechaza la privatización y plantea una alternativa para que el Estado de Pensilvania obtenga ingresos: la implantación de peajes en otra vía. Y un sondeo evidencia el rechazo de los usuarios a la subida de tarifas prevista en la concesión.
AMANDA MARS - Barcelona - 24/08/2008
La concesión a Abertis y Citi de la autopista Pennsylvania Turnpike, en lo que sería la mayor operación de la compañía española y la mayor privatización de una carretera en EE UU, ha desatado una fuerte políémica. La entidad semipública que gestiona la vía rechaza la privatización y plantea una alternativa para que el Estado de Pensilvania obtenga ingresos: la implantación de peajes en otra vía. Y un sondeo evidencia el rechazo de los usuarios a la subida de tarifas prevista en la concesión.
La empresa afirma que el debate era de esperar y confía en cumplir los plazos
La adjudicación por 75 años a Citi y Abertis de la gestión de la autopista fue decidida en mayo pasado por el gobernador del Estado, Ed Rendell, pero la Cámara de Representantes debe dar el visto bueno en otoño. Y la batalla para convencer a los senadores y ciudadanos está al rojo vivo.
La autopista es una pera en dulce para el sector de infraestructuras: une Filadelfia y Pittsburgh y circulan por ella 35.000 vehículos diarios. El Estado de Pensilvania necesita fondos urgentemente para financiar la mejora de carreteras y puentes. La privatización les reportará 12.801 millones de dólares (8.260 millones de euros) que pagarán Abertis, Citi y Criteria, la sociedad que agrupa las inversiones de La Caixa.
Pero ahora hay otra opción sobre la mesa. La comisión que gestiona la autopista promueve el rechazo a la privatización y plantea poner peajes en la carretera Interestatal 80, hasta ahora gratuita. Fuentes del gabinete de Rendell explican que el gobernador demócrata sigue respaldado la adjudicación "como primera opción", y que el debate "es normal". "Habrá que esperar a que los legisladores lo debatan despuíés del verano para ver quíé ocurre", añaden.
Los pensilvanos rechazan ambas opciones. El 60% de los ciudadanos se opone a que la gestión pase a "una empresa española de peajes", con un consiguiente incremento de las tarifas, según el sondeo del instituto de opinión Quinnipiac University de Pensilvania, del 5 de agosto. Pero el rechazo a implementar peajes en la I-80 es aún superior, del 63%.
La encuesta ha dado mucho que hablar. El propio gobernador Rendell se quejó esta semana de que los ciudadanos quieren mejor servicio pero no están dispuestos a pagar por ello. El gabinete de Rendell explica que no hay una batalla entre republicanos y demócratas, ya que hay defensores de cada alternativa en ambos bandos.
Un vistazo al mapa de carreteras de Estados Unidos muestra que las vías de pago son minoritarias. El rechazo ciudadano a peajes más caros, con las elecciones a la Casa Blanca en noviembre de fondo, puede hacer peligrar la concesión, según algunos articulistas de la prensa estadounidense.
Fuentes de Abertis, controlada por ACS y La Caixa, quitan hierro a la políémica: "No hay un debate inesperado, confiamos en que se pueda aprobar entre finales de septiembre y primeros de octubre". Como es común en Estados Unidos, la políémica ha dado lugar a una carrera entre grupos de presión. Abertis y Citi han creado su propio lobby, el Pennsylvania Transportation Partners, para convencer a los ciudadanos y políticos de que la suya es la mejor opción.
El lobby de Abertis argumenta que se trata de un arrendamiento (leasing) por 75 años, y no de una venta, y que así se evita el pejae en la I-80. Tambiíén defienden que la subida de las tarifas será como máximo del 2,5% o equivalente a la inflación, si es superior. Jim Courtovich, el asesor que Citi y Abertis han contratado para convencer a lobbys y ciudadanos, cree que se llevará el gato al agua: "La autopista está en crisis y la gente quiere que cambie la gestión. La concesión está en muy buena posición".
Una primera votación en la Cámara, el pasado junio, se saldó con el rechazo a la adjudicación por 185 votos a 12. No es un resultado extrapolable. Courtovich asegura que la enmienda "fue un truco, proponía ejecutar la concesión de forma inmediata, cuando la ley que lo desarrolla debe ser aprobada primero, todos los que defienden la adjudicación urgieron a votar no".
La empresa afirma que el debate era de esperar y confía en cumplir los plazos
La adjudicación por 75 años a Citi y Abertis de la gestión de la autopista fue decidida en mayo pasado por el gobernador del Estado, Ed Rendell, pero la Cámara de Representantes debe dar el visto bueno en otoño. Y la batalla para convencer a los senadores y ciudadanos está al rojo vivo.
La autopista es una pera en dulce para el sector de infraestructuras: une Filadelfia y Pittsburgh y circulan por ella 35.000 vehículos diarios. El Estado de Pensilvania necesita fondos urgentemente para financiar la mejora de carreteras y puentes. La privatización les reportará 12.801 millones de dólares (8.260 millones de euros) que pagarán Abertis, Citi y Criteria, la sociedad que agrupa las inversiones de La Caixa.
Pero ahora hay otra opción sobre la mesa. La comisión que gestiona la autopista promueve el rechazo a la privatización y plantea poner peajes en la carretera Interestatal 80, hasta ahora gratuita. Fuentes del gabinete de Rendell explican que el gobernador demócrata sigue respaldado la adjudicación "como primera opción", y que el debate "es normal". "Habrá que esperar a que los legisladores lo debatan despuíés del verano para ver quíé ocurre", añaden.
Los pensilvanos rechazan ambas opciones. El 60% de los ciudadanos se opone a que la gestión pase a "una empresa española de peajes", con un consiguiente incremento de las tarifas, según el sondeo del instituto de opinión Quinnipiac University de Pensilvania, del 5 de agosto. Pero el rechazo a implementar peajes en la I-80 es aún superior, del 63%.
La encuesta ha dado mucho que hablar. El propio gobernador Rendell se quejó esta semana de que los ciudadanos quieren mejor servicio pero no están dispuestos a pagar por ello. El gabinete de Rendell explica que no hay una batalla entre republicanos y demócratas, ya que hay defensores de cada alternativa en ambos bandos.
Un vistazo al mapa de carreteras de Estados Unidos muestra que las vías de pago son minoritarias. El rechazo ciudadano a peajes más caros, con las elecciones a la Casa Blanca en noviembre de fondo, puede hacer peligrar la concesión, según algunos articulistas de la prensa estadounidense.
Fuentes de Abertis, controlada por ACS y La Caixa, quitan hierro a la políémica: "No hay un debate inesperado, confiamos en que se pueda aprobar entre finales de septiembre y primeros de octubre". Como es común en Estados Unidos, la políémica ha dado lugar a una carrera entre grupos de presión. Abertis y Citi han creado su propio lobby, el Pennsylvania Transportation Partners, para convencer a los ciudadanos y políticos de que la suya es la mejor opción.
El lobby de Abertis argumenta que se trata de un arrendamiento (leasing) por 75 años, y no de una venta, y que así se evita el pejae en la I-80. Tambiíén defienden que la subida de las tarifas será como máximo del 2,5% o equivalente a la inflación, si es superior. Jim Courtovich, el asesor que Citi y Abertis han contratado para convencer a lobbys y ciudadanos, cree que se llevará el gato al agua: "La autopista está en crisis y la gente quiere que cambie la gestión. La concesión está en muy buena posición".
Una primera votación en la Cámara, el pasado junio, se saldó con el rechazo a la adjudicación por 185 votos a 12. No es un resultado extrapolable. Courtovich asegura que la enmienda "fue un truco, proponía ejecutar la concesión de forma inmediata, cuando la ley que lo desarrolla debe ser aprobada primero, todos los que defienden la adjudicación urgieron a votar no".
