El Consejo de ministros aprobará mañana el proyecto de ley general de Telecomunicaciones, que pretende recuperar la unidad de mercado en el sector y busca un marco regulatorio estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine barreras al despliegue de infraestructuras. El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y una modificación de la actual Ley de Prohibición de Minas Antipersonas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá este viernes en el Complejo de La Moncloa la reunión del Consejo de Ministros. El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones actualiza la normativa vigente desde 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban a la competitividad de los operadores, como el despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. El Ministerio de Industria señaló en su momento que esta normativa supone una reforma estructural "profunda", ya que las modificaciones incorporadas proporcionan mayor facilidad para el despliegue de redes y facilita la extensión de la banda ancha que propiciará un Internet más rápido. La nueva ley de Telecomunicaciones forma parte del plan de reformas del Gobierno y facilitará el despliegue de nuevas infraestructuras con la eliminación de la necesidad de muchas licencias locales. Hará que las cargas administrativas locales para el sector sean estudiadas por el Ministerio de Industria y prevíé la creación de una comisión bilateral entre el citado departamento y las entidades regionales para estudiar las posibles controversias, según ha explicado el ministro del ramo, Josíé Manuel Soria, en diversas comparecencias públicas. El anteproyecto de esta ley fue tramitado por el Gobierno el pasado 28 de diciembre y el texto ha sido sometido a consulta de los organismos pertinentes antes de su vuelta a la mesa del Consejo de ministros para su remisión a las Cortes. En el momento de la aprobación del anteproyecto, el Ejecutivo resaltó que la actualización de la normativa vigente, que data de 2003, resuelve determinadas cuestiones que afectan negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones y penalizan el despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. En materia fiscal, subrayó que refuerza la seguridad jurídica y reduce el límite máximo de la tasa general de operadores destinada a financiar los costes de las autoridades nacionales de regulación. Para el Gobierno, todo ello impulsará la economía digital y creará nuevos modelos de negocio y crecimiento económico. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad y la reducción de precios y costes, a lo que se añade la mejora de la protección del usuario. Bombas racimo Asimismo, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a una modificación de la actual Ley de Prohibición de Minas Antipersonal, que data de octubre de 1998, para incluir entre las municiones prohibidas las bombas de racimo, tras haber completado en 2009 la destrucción del arsenal de este tipo de municiones que tenían las Fuerzas Armadas. De este modo, se persigue incluir los nuevos compromisos adquiridos por España al adoptar la Convención sobre municiones de racimo y el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra de la Convención sobre ciertas armas convencionales. La modificación afectará a "prácticamente" la totalidad de la Ley de 1998 porque "tiene por objetivo actualizar todo su articulado e incorporar en íél referencias a las municiones de racimo y los restos explosivos de guerra, de acuerdo con las nuevas obligaciones asumidas por España al adoptar los instrumentos internacionales citados", según el Gobierno. Las municiones de racimo son municiones convencionales que han sido diseñadas para dispersar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos. El actual ministro de Defensa, Pedro Moreníés, fue consejero de una de las empresas españolas que fabricaba bombas de racimo, Instalaza, una compañía que, cuando el Gobierno decidió la destrucción del arsenal de las Fuerzas Armadas, le solicitó una compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante.
