El Gobierno tiene prisa por aprobar la próxima reforma de pensiones. Quiere tenerla lista a finales de mes y para eso era necesario cumplir con los trámites legales. Uno de ellos es la remisión al Consejo Económico y Social (CES) del anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Empleo. Y tal y como estaba previsto, este organismo consultivo recibió a última hora de la mañana de ayer este texto legal, junto al análisis del impacto económico que el Gobierno calcula que tendrá esta reforma.
Los cambios entrarán en vigor en dos fases. La primera arrancará el 1 de enero de 2014. Desde esa fecha, las pensiones dejarán de revalorizarse anualmente con el IPC de noviembre y se actualizarán con un nuevo índice de revalorización.
Según el anteproyecto de ley conocido ayer –que no incluye grandes novedades respecto a la propuesta presentada el viernes a los agentes sociales–, este nuevo sistema de revalorización se calculará cada ejercicio con una fórmula que tendrá en cuenta la media móvil de los cinco años anteriores y las previsiones de los cinco posteriores de las siguientes variables: el importe y variación de los ingresos y gastos contributivos (incluidos los complementos a mínimos) del sistema de Seguridad Social el número de pensiones contributivas; el efecto sustitución (variación anual de la pensión media sin revalorizar); y el número de años en los que cada Gobierno podrá diferir el esfuerzo presupuestario para ajustar el sistema, que ha quedado fijado entre tres y cuatro años. Además, la ley recoge el compromiso del Gobierno que blinda a las pensiones de futuras congelaciones y obliga a que estas suban al menos un 0,25% anual y fija tambiíén un techo máximo del IPC anual de diciembre más un 0,25%.
Solo con este cambio, Empleo calcula que en 2014 se ahorrará 809,60 millones de euros. Entre 2015 y 2018 este ahorro sumará otros 11.731 millones de ahorro. Posteriormente, el 1 de enero de 2019 entrará en vigor la segunda fase de la reforma: el factor de sostenibilidad. Se tratará de un coeficiente que vinculará todas las nuevas pensiones a la esperanza de vida del nuevo pensionista en el momento en el que cumpla 67 años. Ahora esa esperanza son 19 años y en 2032 se estima que será de 22 años.
Al incorporarse este nuevo factor, el ahorro se estabilizará en torno a los 5.000 millones de euros anuales. En total, el ahorro estimado por el Ejecutivo rondará los 33.000 millones en los próximos nueve años. Esto equivale a un ahorro medio anual de unos 3.659 millones; y, por ejemplo, representa una cuarta parte del díéficit que registrará este año la Seguridad Social.
Ante la perspectiva de que estos dos factores empiecen a devaluar ya las pensiones o recorten su cuantía inicial desde 2019, Empleo ha incorporado una disposición adicional en la ley que establece “una aplicación transparente†del factor de sostenibilidad. Y retrasa seis años su aplicación “para que los ciudadanos tengan una imagen correcta de lo que el sistema de pensiones puede pagar por sí mismo y puedan tomar medidas correctamente informados, en caso de considerarlo necesarioâ€. Así, Empleo sugiere tácitamente que los futuros recortes podrán compensarse con decisiones de ahorro privado.
