Los contratos millonarios de Serygur con organismos de la Administración no sólo se limitaron al Ayuntamiento de Madrid. La empresa de seguridad vinculada a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y ílvaro Lapuerta tambiíén obtuvo, entre 2006 y 2009, la adjudicación de la seguridad de edificios del Gobierno central y de otras instituciones públicas por un importe de 6,5 millones de euros.
La Universidad Complutense de Madrid le adjudicó en 2008 la vigilancia y seguridad del interior y exterior de sus instalaciones por la cantidad de 1.808.266,30 euros, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de enero de ese año. El decreto está firmado por el entonces gerente, Francisco Javier Sevillano Martín, en nombre del rector de la Complutense, Carlos Berzosa.
El Confidencial ha intentado recabar del Rectorado de la Universidad Complutense información sobre el contrato adjudicado a Serygur pero, tras comunicarse con el Gabinete de Prensa y una semana de espera, ha recibido como respuesta el silencio. El actual rector de la universidad madrileña es Santiago Carrillo, hijo del exsecretario general del Partido Comunista de España.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Hacienda adjudicó a la empresa de seguridad, entre el 2006 y 2007, durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, dos contratos por el importe de 2,3 millones de euros, cuando era el titular del departamento Pedro Solbes. El más sustancioso, de 2.025.324,10 euros correspondió al contrato de "vigilancia y protección en el complejo Cuzco", la sede del Ministerio. El responsable de la Junta de Contratación era Josíé Luis Borque Ortega, un alto cargo de Economía y Hacienda.
El último contrato de Serygur, ya como Alium, con la Administración se produjo en 2009 con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la vigilancia en el Centro de Mediciones Radiológicas de El Casar, en Guadalajara. El importe ascendía a 665.985,80 euros y la empresa de seguridad tuvo problemas para cumplimentar los objetivos de la adjudicación
Ayer El Confidencial publicó que Serygur había obtenido entre 2006 y 2009 otros veinte contratos del Ayuntamiento de Madrid por la vigilancia y seguridad de varios de sus edificios. La empresa ligada a Bárcenas y Lapuerta, en la que tambiíén tenían intereses ílvaro de la Cruz e Ignacio del Río, recibió del consistorio madrileño adjudicaciones por valor de casi diez millones de euros. Sumada esa cantidad a la recibida de la Administración central -6,5 millones- los ingresos de Serygur se elevarían a 16 millones de euros, casi la mitad de su facturación en esos ejercicios.
Además de la seguridad del Ministerio de Economía y Hacienda, Serygur obtuvo en esos años contratos con el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Tribunal de la Competencia, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Parques Naturales. Pero las adjudicaciones de la Administración central nunca alcanzaron los niveles del Ayuntamiento de Madrid.
Con anterioridad a todos esos contratos, la empresa de seguridad tambiíén había obtenido la contrata de la seguridad de las instalaciones de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, perteneciente al Ministerio de Cultura, cuya titular era Carmen Calvo. La concesión aparece en el BOE firmada por el director general Fernando Lara Píérez, el 19 de mayo de 2005. Aunque ese es el único contrato que figura en el BOE con la Administración central en ese ejercicio.
En 2009, cuando estalló el escándalo de la Gí¼rtel y se desvelaron las relaciones del tesorero del PP Luis Bárcenas con Francisco Correa, la empresa de seguridad entró en píérdidas y su nombre desapareció del BOE. Al quedar sin protectores, Serygur dejó de percibir millonarias adjudicaciones tanto de la Administración local como de la central.
La insolvencia de Serygur y las infracciones de la Ley de Seguridad Privada llevaron a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid a abrir un expediente sancionador contra la empresa, como consta en la notificación que le remitió el comisario de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Alfonso María Sánchez Núñez, el 23 de octubre de 2012. Entonces Serygur ya había pasado a llamarse Alium Seguridad y estaba en manos de sus empresarios pantalla, tras la retirada de los altos cargos del PP.
Además de esas acciones, el Boletín Oficial del Estado está salpicado de sanciones contra Alium Seguridad por numerosas demandas de acreedores y trabajadores ante los organismos laborales. En los boletines tambiíén figuran varios edictos por insolvencia y embargos. El Confidencial ha intentado contactar con los actuales gestores de Alium Seguridad, pero todas las gestiones han sido infructuosas, como si la sociedad ejerciera su actividad de manera clandestina. En el registro mercantil las últimas cuentas depositadas corresponden al ejercicio 2009 y la web oficial está inactiva
