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La aplicación de recortes sociales provocados por la crisis económica repercuten hoy de manera negativa en el estado de bienestar de los europeos, agobiados por el desempleo y las reformas en sectores claves como educación y salud.
Hace solo dos días el Gobierno holandíés anunció nuevos ajustes por seis mil millones de euros, encaminados a sanear la economía nacional tras seis años de crisis y cinco de recesión, medida que algunos analistas consideran difícil de lograr por su alta dependencia a la Unión Europea.
El anuncio oficial, dirigido en lo fundamental a la salud, el sistema de pensiones y el mercado inmobiliario, busca transformar al país en una "sociedad participativa", en la que los ciudadanos aumenten la responsabilidad sobre sus propias vidas.
En 2010 Holanda aprobó un paquete de reformas fiscales y administrativas en aras de ahorrar 46 mil millones de euros, lo que trajo consigo la eliminación de 15 mil puestos de trabajo en los 150 mil empleos públicos existentes.
Austria, aún bajo los efectos del tradicional concepto del estado de bienestar, ha visto endurecer su acceso a servicios como la pensión por invalidez, en tanto otros sufren recortes, entre ellos las ayudas a personas dependientes.
Tal es el caso del subsidio de desempleo, el cual solo se desembolsa durante siete o 12 meses como máximo, en dependencia de la edad del afectado, antes de pasar a un ríégimen de prestaciones sociales, devueltas al Estado una vez que el receptor se reintegra al trabajo.
En Bíélgica, otra de las naciones europeas impactadas por la crisis, los últimos recortes se centraron en los trabajadores públicos e incluyeron la equiparación de sus pensiones a las del sector privado, una limitación a los incrementos salariales y la sustitución de puestos fijos por contratos temporales.
Según un informe del sindicato mayoritario italiano CGIL y la asociación de promoción social ARCI, el gasto público dedicado en ese país al estado del bienestar social pasó de dos mil 500 millones de euros, en 2008, a 538 millones, en 2012, cifra que este año no debe superar los 270 millones.
Mientras, los fondos de ayudas para las personas no autosuficientes y los dedicados a las políticas familiares se reducen drásticamente, así como el gasto destinado a la educación, programas de becas y asistencia a los hogares con dificultades, ancianos, niños e inmigrantes.
Portugal, por su parte, en los últimos tres años implementó fuertes recortes, que en algunos casos como la salud redujo a cuatro euros por hora el salario de los trabajadores y profesionales de este sector.
A esto se suman los ahorros en el sistema público asistencial, el cierre de escuelas, la reducción del claustro de profesores, la eliminación de los dos pagos extras anuales de los pensionistas y el aumento de la carga fiscal con un impuesto sobre las pensiones, reducidas entre un 3,5 y 10 por ciento
