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El controvertido proyecto de ley sobre las facilidades para el acceso de la inversión privada a sensibles puntos de la economía paraguaya será sometido a debate en la Cámara de Senadores.
Subrayando así el evidente apuro del gobierno nacional por lograr la aprobación de la denominada Ley de Fomento de la Infraestructura con participación pública y privada, la presidencia del órgano legislativo determinó su inmediata discusión.
La administración encabezada por el presidente Horacio Cartes tiene puestas sus esperanzas en la atracción generalizada de capitales privados para enfrentar las dificultades económicas dejadas por el anterior gobierno de Federico Franco.
Sin embargo, sectores de la oposición y centrales obreras, junto a sindicatos autónomos nacionales, se oponen a lo que consideran una apertura sin límites a dicha injerencia de grandes intereses económicos nacionales y foráneos.
Para ellos, la forma en que está redactado el documento presentado a la Cámara Alta implica el inicio del camino hacia la privatización de las empresas públicas principales, entre ellas la electricidad, el transporte, agua, servicios sanitarios y hasta el sistema de salud.
Sus dudas están en la forma de otorgamiento de las concesiones, su largo tiempo de vigencia que llega a 30 años prorrogables y la calificada cono pobre salvaguarda de los intereses nacionales en ese tipo de contratos.
Igualmente, entienden que provoca una píérdida de la soberanía judicial del país al remitir a arbitraje en forma indeterminada las discrepancias que surjan al respecto.
El gobernante Partido Colorado, junto a su aliado, el Partido Liberal, pretende imponer su mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para lograr una rápida aprobación, pero es difícil que ello se logre sin reacciones importantes dentro y fuera del Congreso.