La trifulca entre el Gobierno regional murciano y la concesionaria del nuevo aeropuerto de Corvera sube de tono día a día, con ribetes caricaturescos. Un auto del juzgado contencioso administrativo número 1 de Murcia ha prohibido al Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel que “tome posesión material del establecimiento aeroportuario†o de alguna de sus instalaciones y equipos.
El auto, pese a tener fecha del miíércoles 25 de septiembre, fue notificado ayer a las partes. Pero llega tarde, puesto que las autoridades del Gobierno regional, encabezados por el director general de Transportes, Antonio Sánchez-Solís, se personaron en las instalaciones el miíércoles acompañadas de efectivos de la Guardia Civil, alegando que no podían permitir que se sacara ningún material de las mismas.
Esa actuación del Gobierno del Partido Popular se produjo, a pesar de que fue precisamente la Consejería de Obras Públicas la que presentó el escrito el mismo miíércoles solicitando al Juzgado que se le autorizara la entrada al aeropuerto internacional de Corvera, con el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si fuera preciso. Para esa movilización solicitó permiso a la Delegación del Gobierno.
El juzgado dictó ese mismo día la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, en la que autorizaba a la Consejería la entrada en el recinto pero “solo a efectos del levantamiento del acta que deberá tener lugar por todo el día 27 [o sea, hoy, jueves], en horas diurnas y cuyo contenido debe referirse únicamente al inventario de instalaciones. Equipos y enseres, a fin de proceder a la ejecución de la resolución antes citada, sin que el mandamiento de entrada que se otorga se extienda a la toma de posesión material del establecimiento aeroportuario o de algunas de sus instalaciones o equiposâ€.
Precisamente, la concesionaria, encabezada por Sacyr, denunció esa “toma de posesión†por parte de las autoridades regionales, en lo que consideró como una “expropiaciónâ€, por lo que ha presentado una denuncia por “coacciones†contra la Consejería ante un juzgado de guardia informaron en fuentes de la constructora. Con este auto, la Consejería podrá entrar hoy en el recinto aunque solo para realizar el inventario, aunque mientras tanto mantiene un servicio de vigilancia para evitar que se saque material. El juez tambiíén ha denegado la petición del Gobierno de precintar de forma cautelar las instalaciones aeroportuarias.
La batalla judicial no ha hecho más que empezar. La concesionaria ha recurrido la rescisión del contrato que aprobó el Consejo del Gobierno el pasado 13 de septiembre alegando que el consorcio había incumplido los plazos de apertura del recinto y ha solicitado la tutela judicial de las instalaciones hasta que se decida el futuro del aeródromo. El Gobierno regional parece tener más prisa por resolver por su cuenta el futuro del aeropuerto. Valcárcel se reunirá el próximo lunes con el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aíérea (AENA), Josíé Manuel Vargas, para cerrar definitivamente el proceso de traslado de las operaciones civiles desde el aeropuerto de la base aíérea de San Javier, al nuevo aeropuerto internacional. Este se considera un paso previo a la concesión del aeropuerto de Corvera a AENA, un extremo que sería inmediatamente recurrido por la actual concesionaria.
El problema es, además, financiero, porque los bancos acreedores pueden ejecutar en cualquier momento el aval de 200 millones de euros que tuvo que poner la Comunidad para asegurarse la continuidad de las obras.
