http://www.expansion.com/edicion/exp/economia_y_politica/economia/es/desarrollo/1159475.htmlPublicado el 29/08/2008, por Diego Torres
La Comunidad de Madrid, Castilla La-Mancha y Cataluña acaban de poner en marcha planes para reactivar el mercado de la vivienda y facilitar la compra de un piso a los ciudadanos.
No ha hecho falta esperar mucho. Tan solo que la crisis inmobiliaria empiece a dar muestras de su potencia para triturar empleos. Atrás quedó la voluntad del vicepresidente Solbes de que el sector purgase en solitario sus pecados. El terror se ha adueñado de los responsables públicos. Y las administraciones autonómicas se han embarcado en un proyecto tan ambicioso como políémico: salvar al inmobiliario.
En el último mes se han conocido los planes de socorro de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla La-Mancha. A íéstos se suman los proyectos de Murcia, Baleares y Aragón en un sentido parecido. Según las declaraciones de sus responsables, el objetivo es “facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanosâ€, pero a nadie se le escapa que de camino se le va a echar una mano a los promotores.
“El sector de la construcción no son sólo los empresarios, sino miles y miles de trabajadores. í‰so es lo que nos preocupaâ€, concede Julián Sánchez Pingarrón, consejero de Vivienda de Castilla La-Mancha.
A pesar de este fin común, los tres planes más recientes difieren mucho en su contenido, aunque todos han obtenido el beneplácito de la industria del ladrillo.
En el caso de Madrid y Cataluña, la idea es dar salida al stock de vivienda acumulado sin vender. En cambio, el plan de Castilla La-Mancha busca que se sigan construyendo inmuebles –para evitar más píérdida de empleo–, aunque más accesibles al bolsillo de todos los ciudadanos.
Madrid ha llegado a un acuerdo con los promotores y con las entidades financieras: ellos bajan hasta un 20% los precios y ellas dan críéditos que antes no daban (alrededor de 3.500 millones de euros), “en condiciones preferentesâ€, tal y como afirma la consejera de Vivienda de la CAM, Ana Isabel Mariño.
En Cataluña, se establecen, igual que en Madrid, unos precios máximos para que el inmueble acceda al programa. Pero tambiíén un máximo de renta, que ronda los 46.000 euros brutos anuales, para que los ciudadanos puedan entrar en el mismo –ver gráfico–. El plan catalán cuenta además con críéditos a interíés fijo del 5,70%, –hasta 18 entidades financieras, entre ellas, las mayores del país, se han comprometido a ofrecerlos–. Asimismo, la Generalitat subvenciona con el 2% del precio la compra del inmueble y avala un críédito extraordinario del 20% del precio –no el principal, del 80%–.
Estas diferencias se explican, a ojos de Josep Doníés, secretario de la federación catalana de la APCE –la patronal de constructores y promotores– porque Cataluña, a diferencia de Madrid, “no ha hecho casi nada de vivienda protegida (VPO) en los últimos añosâ€.
El decreto catalán se asemeja a un nuevo tipo de VPO de precio medio, pero con la diferencia de que cualquier particular o promotor puede vender bajo ese paraguas, si cumple las condiciones de precio. En cambio, el acuerdo de Madrid intenta solucionar el problema del stock de los promotores, pactando una rebaja en el precio, aunque hay dudas de su viabilidad. “La CAM no acaba de darse cuenta de que el problema es de liquidez. En el acuerdo, nadie se compromete a nadaâ€, indica Pedro Juez, profesor titular de Economía Aplicada de la UNED. La ventaja es su coste: cero euros; por 14.000 millones del plan de la Generalitat.
Caso distinto es el de Castilla La-Mancha, cuya estrategia se dirige a promociones que se construyan a partir de ahora. La Junta apuesta tambiíén por unos requisitos de precio y de renta, pero se reserva el derecho a incluir las promociones en el programa. Es decir, sólo entrarán las que la Junta estime “necesariasâ€, explica Sánchez.
Lo más llamativo de este último plan es que la Consejería se compromete a comprar aquellas viviendas que los promotores no puedan vender en el plazo de un año. “Pero vamos a analizar primero la demanda y luego firmaremos el convenio con el promotor. Puede que fallen uno o dos compradores en cada promoción, pero no másâ€, estima el consejero.
