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La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) descartó para el próximo quinquenio la construcción de una nueva refinería en el municipio de Tula, en el centro de este país, al argumentar que cuenta hoy con recursos limitados.
En el Plan de Negocios 2014-2018, la compañía señaló que se apruebe o no la reforma energíética propuesta por el Ejecutivo, se desecha la realización de la obra -cuyo costo previsto era de 10 mil millones de dólares- para destinar los fondos a otros proyectos más rentables.
De acuerdo con el documento que regula el trabajo para los próximos cinco años, Pemex no desecha la posibilidad de salir al extranjero a comprar infraestructura de refinación.
La entidad estatal proyectó la refinería de Tula en marzo de 2008, pero ahora reconoció que durante la planeación y diseño de la obra se presentaron retrasos no esperados, como la entrega de terrenos, prevista para 2008 y que demoró más de un año.
Solo en estudios preliminares sobre el proyecto Pemex invirtió cuatro mil 480 millones de pesos (unos 370 millones de dólares).
La nueva refinería nació como uno de los planes de inversión más ambiciosos del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), quien en el 70 aniversario de la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 2008, divulgó que el complejo sería parte de un programa para enfrentar la crisis mundial.
Según el diseño inicial, el complejo tendría una capacidad diaria de procesamiento de 250 mil barriles de crudo y de 76 mil barriles de residuales.
Esas cifras significan que la nueva refinería estaría en condiciones de producir en cada jornada 161 mil barriles de gasolina y 125 mil barriles de diíésel.
Hasta la fecha, solo fue completado un muro que cubre el perímetro del proyecto en Tula, ubicado a unos 82 kilómetros al norte de la Ciudad de Míéxico.
Pemex anunció en septiembre pasado una inversión por casi tres mil 500 millones de dólares en la refinería que actualmente existe en ese municipio, la segunda mayor del país.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto impulsa en el presente una reforma energíética que busca la participación de inversión extranjera en las actividades de la empresa estatal, en lo que muchos críticos consideran un intento de privatización del sector de los hidrocarburos.
Autoridades gubernamentales expresaron que la iniciativa pretende la asociación con quien pueda aportar capital, tecnología, y asumir los riesgos geológicos, financieros y ambientales de la exploración y extracción de crudo en aguas profundas y ultraprofundas.
Pero una consulta ciudadana realizada en septiembre pasado por la organización Alianza Cívica arrojó que el 83,5 por ciento de los mexicanos se opone a modificar la Constitución para permitir la inversión privada en la explotación y transformación de petróleo y gas en el país.
