La Generalitat prepara un impuesto para gravar a las mismas operadoras de telefonía a las que adeuda millones. Paradojas de la Cataluña sin fondos. El nuevo impuesto se aplicará a las operadoras de ADSL. Fuentes de la Conselleria de Economía aseguran que “todavía están en estudioâ€. Pero el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ya lo ha dado por hecho en una entrevista en TV3. Tras el anuncio, las operadoras han montado en cólera, en especial porque la propia Administración catalana les adeuda millones desde hace más de un año por los servicios que sacó a concurso.
Mascarell ha anunciado un nuevo canon sobre las operadoras de ADSL para ayudar a la producción audiovisual en catalán. Un impuesto que copia de Francia y que ha asegurado que se está negociando con las empresas del sector.
Fuentes del sector de telecomunicaciones desmienten la negociación. Estas fuentes aseguran que fue el conseller Andreu Mas-Colell, de Economía, el que la pasada semana convocó a las empresas afectadas a reuniones en la conselleria, en las que, por sorpresa, estaba presente Mascarell. En el encuentro se les explicaba el carácter del impuesto, que en principio podría ser del 0,20% de los ingresos en Cataluña de las operadoras derivados del negocio de ADSL y fibra.
Mas-Colell y Mascarell han tomado la vía rápida, puenteando además al conseller de Empresa y Ocupación, Felip Puig, que es el teórico responsable del sector y su interlocutor oficial.
Telefónica será la empresa más perjudicada, tambiíén porque es la que tiene más líneas. La paradoja es que esta compañía fue la gran ganadora del concurso de telecomunicaciones de la Generalitat. Pero de poco le sirvió. Como el resto de los ganadores, no ha cobrado por los problemas de caja de la Administración catalana. En este momento, el mismo Gobierno que le debe más de 60 millones de euros le quiere aplicar un nuevo impuesto que, en realidad, ayudará, en buena parte, a las productoras que trabajan para TV3. Otros operadores se verán tambiíén muy perjudicados. Jazztel, por ejemplo, que en Cataluña tiene como grueso del negocio precisamente el del ADSL.
El sector se levanta en armas
El anuncio de Ferran Mascarell ha provocado que el sector se levante en armas. Los operadores de telecomunicaciones agrupados en Redtel rechazan de forma unánime y contundente la propuesta anunciada por la Generalitat de Cataluña.
“Esta medida, de llegar a concretarse, supondría un nuevo esfuerzo para un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas Administraciones y organismos. La medida agravaría la ya elevada carga que supone la fiscalidad específica del sector y vendría a sumarse a una serie figuras tributarias totalmente injustas y arbitrarias que detraen fondos para financiar temas ajenos a las actividades propias de los operadoresâ€, señalan las empresas del sector.
El comunicado acaba con una amenaza clara: “En todo caso, de aprobarse este medida sobre la base de la información obtenida hasta la fecha, los afectados solicitarán su anulación ante las instancias jurídicas correspondientes Autonómicas, Regionales y Europeasâ€. Es decir, las operadoras aseguran que batallarán en los tribunales.
El precedente podría preocupar a la Generalitat, porque las grandes superficies lucharon con uñas y dientes contra el gravamen que les aplicó la Administración catalana. La Generalitat tardó diez años en ganar en el Tribunal Constitucional y poder ingresar la recaudación de ese impuesto. Si las operadoras hacen lo mismo, se podrían complicar las intenciones de la Generalitat, que quería cobrar este impuesto antes de fin de año. La tensión de caja no permite dilaciones.
Este impuesto forma parte de una batería de nuevos tributos con los que la Generalitat quiere reducir los recortes que tendrá que aplicar en los Presupuestos del 2014 que presenta este martes. Entre estos impuestos: tasas medioambientales a la emisión de gases y las nucleares, recuperar sucesiones o aplicar la euroviñeta, la tasa para el transporte de mercancías en las carreteras catalanas. El objetivo: aumentar la recaudación en 500 millones añadidos.
