El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) a los que el magistrado imputa la presunta comisión de irregularidades en la gestión de la caja alicantina que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011. Entre ellos se encuentran el ex director general de la caja Roberto López Abad y el ex director de empresas Daniel Gil, que ya han sido detenidos.
La orden llega despuíés de que este martes registrara, tambiíén por orden de Gómez Bermúdez, tres despachos de abogados de imputados por una de las piezas que dirige este magistrado contra ex directivos de la CAM.
Según confirmaron fuentes judiciales a EL MUNDO, las diligencias se practicaron durante todo el día en bufetes de Alicante, Madrid y Valencia. Al parecer, los investigadores buscaban documentación relacionada con una de las tres causas que investiga el juez y que continúa sujeta al secreto de sumario.
Los investigadores, según estas fuentes, se incautaron de anotaciones entre abogados y clientes, además de abundante material informático. La entrada y registro se produjo sin exhibir a los abogados las motivaciones del auto que justificó la operación.
Según estas fuentes, la Audiencia Nacional tambiíén buscaba correos electrónicos entre abogados y clientes, además de otro tipo de comunicaciones, que estarían relacionados con los delitos que se investigan a petición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) . Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrita a la Audiencia Nacional coordinaron el dispositivo desplegado en las tres ciudades.
Ninguno de los letrados que fue objeto de las actuaciones judiciales está imputado en el procedimiento y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) abordará este miíércoles en junta ordinaria los registros al entender que el magistrado se extralimitó y que los registros no estaban justificados.
«Es una vulneración grave del derecho de la defensa y del secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente», aseguraron fuentes colegiales. En este sentido, se hizo constar en acta la protesta del ICAV «y la reserva de las acciones que procedan en relación con el magistrado que ha ordenado estas diligencia».
La investigación
El magistrado investiga las irregularidades de la Caja y mantenía hasta el momento imputados en la causa a López Abad, la tambiíén ex directora general María Dolores Amorós, el ex presidente Modesto Crespo y los ex directores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
Gómez Bermúdez les impuso el pasado mes de junio una fianza solidaria de 35 millones de euros al considerar que todos ellos "al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM". A pesar de ello y "en el mejor de los supuestos", no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde píérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, que se la adjudicó por un euro, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses despuíés las cuentas arrojaban unas píérdidas de 1.136 millones de euros.
