Los mercados financieros pusieron a prueba a España durante el año pasado. Cerraron sus puertas a la mayoría de las Administraciones autónomas y apenas dejaron una estrecha rendija para el Estado que tuvo que pagar un alto precio por sus emisiones. Para aliviar los graves problemas de liquidez de las comunidades y Ayuntamientos, el Gobierno puso en marcha un plan de pago a proveedores que sirvió para que liquidaran facturas pendientes por 17.718 millones de euros. Pero la ayuda no era suficiente. El Ministerio de Hacienda lanzó un salvavidas para aquellos territorios más agobiados por la asfixia financiera. Creó un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), conocido como fondo de rescate regional, mediante el cual los Gobiernos autónomos pudieron pagar los vencimientos de deudas con los bancos y tomar prestado para afrontar el díéficit permitido por una cantidad total de 12.689 millones.
El agravamiento de la crisis replicó en 2013 los problemas de liquidez en las comunidades más endeudadas por lo que el Gobierno prorrogó las dos líneas de ayuda. En total, el Estado ha puesto en marcha medidas de alivio financiero para las autonomías por importe de 59.745 millones.
Las condiciones financieras de los príéstamos resultan muy ventajosas, pues el Tesoro obtiene la financiación a un coste mucho menor de lo que podrían hacerlo las comunidades. Por eso, las medidas de asistencia financiera han supuesto un ahorro de costes en intereses de 788,15 millones al año, según datos ofrecidos por fuentes del Ejecutivo. En total, las autonomías se ahorrarán 5.016 millones de euros en intereses durante el plazo de los príéstamos.
La primera fase del plan de pago a proveedores del año pasado, que sirvió para liquidar facturas por 17.718 millones, salió con un coste en intereses del 5,93% en un momento en que la prima de riesgo estaba rozando niveles máximos. El plan consiste en un príéstamo que concede el Gobierno a un plazo de 10 años con dos de carencia. El año pasado los mercados exigían a las comunidades un diferencial de cerca de tres puntos sobre el nivel que emitía el Tesoro (5,4%), lo que les dejaba un interíés del 8%.
El Gobierno ha vuelto a poner en marcha otra fase del plan de proveedores para que las autonomías liquiden deudas pendientes por 11.628 millones a un coste del 4,4% (Tesoro más un diferencial de 30 puntos básicos) mucho más barato que las condiciones que podían encontrar los Ejecutivos regionales en los mercados. Esta tercera fase ha supuesto un ahorro en intereses de 83,7 millones al año y de 513 considerando todo el plazo de la operación.
En total, con todas las fases del plan de proveedores las comunidades han logrado unos ahorros de 283 millones anuales o de 1.738 millones en 10 años del príéstamo, según cálculos de fuentes gubernamentales.
Por su parte, el FLA del año pasado, que supuso otra inyección de liquidez de 12.689 millones para nueve comunidades, salió a un coste del 5,65%, tambiíén muy inferior al que podrían lograr los Ejecutivos autónomos con sus emisiones. El fondo de rescate de este año ofrece aún mejores condiciones (5,5%) cuando las comunidades que lo rechazan están colocando su deuda a un tipo medio superior al 6,5%. Esto ha supuesto una mejora en las condiciones de financiación de las comunidades que les permite ahorrar 504 millones al año y 3.278,5 millones en todo el plazo de la operación, según datos aportados por fuentes oficiales.
Pero este año hay Gobiernos regionales que se resisten a participar en cualquiera de los dos mecanismos de ayuda a la liquidez puestos en marcha por el Estado. Las condiciones de los mercados han mejorado y la diferencia entre las condiciones a las que pueden colocar y lo que ofrece el Estado es asumible para sus arcas públicas. Además, justifican que someterse a estos mecanismos de ayuda supone un coste reputacional que alarmaría a los inversores. Y por último, la mayoría evitan las ayudas estatales porque conllevan duras exigencias de control presupuestario que les hace estar tuteladas por Hacienda.
Las comunidades que no se han sumado a la tercera fase del plan de pago a proveedores (Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja) asumirán un coste adicional de 15,63 millones al año y de 95,7 millones hasta 2023. Si estos Gobiernos regionales se hubieran acogido al FLA en 2013 habrían obtenido unos ahorros anuales de 70 millones. Renunciar a ambos mecanismos les supone un coste adicional de 449,7 millones hasta 2023, según los cálculos de fuentes gubernamentales.
Solo la Comunidad de Madrid tendrá que soportar un coste adicional de 204 millones más que si se hubiera sumado a estos mecanismos. No obstante, a cambio ha ganado en autonomía financiera. Y de ahí el pulso que mantiene la comunidad gobernada por Ignacio González con Hacienda.
