Las 3.035 Sicav registradas en España seguirán tributando al 1% en el impuesto sobre sociedades despuíés de que se apruebe la reforma fiscal que actualmente está estudiando un grupo de expertos. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron que la fiscalidad vigente de este tipo de instituciones es acorde con el resto de países europeos y advirtieron que una variación al alza del tipo impositivo provocaría fugas de capitales hacia otros territorios. Las Sicav –Sociedades de Inversión de Capital Variable– se asocian siempre a elevados patrimonios que recurren a este tipo de vehículos para gestionar su dinero. Estas sociedades aplican un tipo del 1% en el impuesto sobre sociedades (igual que los fondos de inversión tradicionales) y sus partícipes tributan por el IRPF cuando rescatan su inversión.
A pesar de que el Ejecutivo no se plantea tocar el gravamen vigente, fuentes de Hacienda sí que abren la posibilidad a que la supervisión directa de las Sicav vuelva a las manos de la Agencia Tributaria. Una modificación legislativa aprobada por el primer Gobierno de Josíé Luis Rodríguez Zapatero y que contó con el apoyo del PP otorgó a la CNMVel control y la competencia para determinar si una sociedad cumple las condiciones para considerarse una Sicav y beneficiarse del ríégimen fiscal particular. Los requisitos son tener un capital mínimo de 2,4 millones y contar con, al menos, 100 partícipes. Sin embargo, resulta habitual que exista un gran inversor de referencia y que el resto sean pequeños accionistas que reciben el nombre despectivo de mariachis, es decir, de meras comparsas cuya única función es alcanzar el mínimo de partícipes que exige la legislación.
La tributación de las Sicav siempre ha generado políémica y el PSOE reclama ahora una revisión, algo que no se llevó a cabo durante las dos legislaturas de Zapatero. Los defensores del tipo del 1% para las Sicav insisten, en cambio, en que estos vehículos son similares a un fondo de inversión y, por lo tanto, argumentan que resulta lógico que tributen al mismo tipo impositivo. Por otra parte, si bien el gravamen en el impuesto sobre sociedades es reducido, las plusvalías generadas y liquidadas tributan en el IRPF a un tipo que va del 21% hasta el 27% para rendimientos que superan los 24.000 euros.
El PSOE reclamó durante la Conferencia Política del pasado fin de semana elevar la tributación de las Sicav, fijar un porcentaje de participación máximo para cada inversor y limitar el período en que las plusvalías no liquidadas están exentas de tributar. Tambiíén proponen que sea la Agencia Tributaria quien “controle fiscalmente†las Sicav y, en caso de detectar “fraude en su constituciónâ€, pueda exigir la aplicación del tipo del 30% del impuesto sobre sociedades.
Fuentes de Hacienda insisten en que elevar el tipo de las Sicav solo provocaría fuga de capitales y sostienen que es preferible que los altos patrimonios tributen en España. En este sentido, la nueva obligación de informar de cuentas, bienes y valores en el extranjero reveló que los españoles tienen hasta 87.698 millones situados fuera de España. El 51,1% de esta cifra (44.817 millones) corresponde a valores y derechos. Ello incluye, señalan fuentes de Hacienda, desde participaciones en cualquier tipo de entidad jurídica o en instrumentos como trusts o fideicomisos.
El 19,3% del patrimonio que los contribuyentes poseen en el extranjero se encuentra en instituciones de inversión colectiva (fondos o Sicav, entre otros).
Las cuentas bancarias en el exterior ascienden a 14.564 millones y los inmuebles suman 8.900 millones. En total, 131.411 contribuyentes presentaron la declaración informativa y, de íéstos, 129.925 eran particulares y el resto empresas. Hacienda rechaza revelar en quíé países se encuentran la mayoría de bienes que los españoles tienen en el extranjero.
Control sobre las tarjetas de críédito ‘extranjeras’
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha un plan para controlar los contribuyentes que utilizan tarjetas de críédito con cargo a cuentas abiertas fuera de España. Para ello, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha formulado requerimientos de información a las entidades emisoras de tarjetas de críédito y ha detectado que el 50% de los contribuyentes analizados presenta un riesgo de fraude fiscal. Por ejemplo, la Agencia Tributaria ha descubierto que algunos de los contribuyentes que utilizan tarjetas ligadas a cuentas en el extranjero no figuran como residentes en España, a pesar de que sus pagos demuestran lo contrario.
En principio, todo aquel que viva más de la mitad del año en España se convierte automáticamente en residente fiscal. Otra posibilidad es que los contribuyentes inspeccionados no hubieran declarado las cuentas que tienen en el exterior a travíés del modelo 720. En este caso, Hacienda imputará las rentas descubiertas como una ganancia patrimonial no declarada, con independencia de que la cuenta se hubiera abierto en un período ya prescrito.
Otra de las típicas irregularidades que se detectan con esta información es la inconsistencia de los pagos realizados con una tarjeta de críédito y los datos declarados por el contribuyente. De hecho, los símbolos externos de riqueza –coches de alta gama, viviendas de lujo, etcíétera– son utilizados por Hacienda a la hora de determinar los contribuyentes que serán seleccionados dentro de los planes de inspección fiscal.
Fuentes de la Agencia Tributaria señalan que este plan de acción iniciado a partir de la información de las tarjetas de críédito demuestra el afán del organismo por descubrir y perseguir el fraude fiscal.
.
Las medidas de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal
La ley contra el fraude fiscal aprobada el año anterior ha ofrecido más recursos a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude. Además, Hacienda ha iniciado ofensivas iníéditas hasta ahora como el embargo de cajas de seguridad de entidades financieras.
Cajas de seguridad
El pasado 30 de octubre, 660 funcionarios irrumpieron en 270 sucursales bancarias para embargar 542 cajas de seguridad de contribuyentes con deudas con Hacienda. Si los afectados rechazan abrir las cajas delante de un funcionario de Hacienda, la Agencia Tributaria reclamará una autorización judicial y fuentes tributarias aseguran que ya han logrado el visto bueno de los jueces en algunos casos. Si el contribuyente abona la deuda, la caja de seguridad no se abrirá.
Pagos en efectivo
La ley contra el fraude fiscal prohibió los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros. Hasta la fecha, Hacienda ha recibido 2.787 chivatazos de contribuyentes denunciando operaciones que sobrepasaron el límite. Y se han iniciado 545 expedientes sancionadores.
Tributación por módulos
La nueva legislación excluyó del ríégimen de módulos –ríégimen simplificado de tributación para autónomos y microempresas– a todos aquellos contribuyentes que facturaran más del 50% de sus operaciones con otras empresas. Hasta el momento, ello ha provocado la salida de 9.591 contribuyentes de este ríégimen fiscal, muy criticado por la inspección tributaria.
Visitas de la inspección
La inspección realizó 20.446 visitas presenciales a empresas, locales o viviendas. Existe un plan específico para detectar pisos en ríégimen de alquiler que no se declaran.
Medidas cautelares
Hacienda ha tramitado 9.641 expedientes de derivación de responsabilidad y aprobado 1.409 medidas cautelares como embargos desde que aprobó la ley contra el fraude fiscal.
