El plan de rescate de las autopistas depende de que Hacienda díé luz verde y de que los accionistas de esas infraestructuras otorguen el sí definitivo. La titular de Fomento, Ana Pastor, mantuvo días atrás una reunión con el presidente Rajoy, el ministro Guindos y con el director de la oficina económica de Moncloa, ílvaro Nadal, entre otros, para tratar puntos candentes como la privatización de Aena, inversión y financiación del Adif y la nacionalización de autopistas quebradas.
“No se trataba de una reunión de la comisión delegada para Asuntos Económicos, sino de un repaso a distintos asuntos de la agenda de Fomentoâ€, aseguran fuentes cercanas a Moncloa. Respecto al asunto de las autopistas, las mismas fuentes aseguran que el presidente del Gobierno preguntó por la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) en caso de que las nueve concesionarias en dificultades fueran a liquidación. Estas son la M-12 Eje Aeropuerto, Henarsa (Radial 2), Accesos de Madrid (Radiales 3 y 5), Autopista Madrid-Sur (Radial 4), Madrid-Levante (AP-36 Ocaña-La Roda), Aucosta (Cartagena-Vera), Madrid-Toledo (AP-41), Ciralsa (circunvalación de Alicante) y Ausur (Alicante-Cartagena).
La mayor parte de los contratos de concesión contienen la RPA y los accionistas pignoraron ese derecho de cobro para financiar la construcción de las autopistas. De forma indirecta la banca es la titular de la RPA, pero Mariano Rajoy supo en la reunión mantenida en la primera quincena de noviembre que los concursos de acreedores de las concesionarias están aún lejos del proceso de liquidación. Eso sí, el Gobierno debería responder con unos 4.000 millones si finalmente se activa la RPA. La cuestión es si urge la nacionalización o se puede ralentizar aún más el proceso, con lo que avanzarían los concursos de acreedores hacia la fase de convenio. Ante esta duda, Rajoy, Guindos y Nadal decidieron dejar en manos de Hacienda la decisión.
Falta de consenso
El Gobierno está demandando a los partícipes de las concesionarias que hagan frente común en torno a su propuesta para crear la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Se trata del proyecto elaborado por Ernst & Young, por el que se valora la compañía en 608 millones y los actuales accionistas de las infraestructuras se repartirían el 20% del capital, por un 80% que iría a Fomento. Se reconoce una mora de 500 millones con las constructoras que ejecutaron los proyectos y se englobaría la deuda financiera en un tramo de 3.700 millones a un tipo medio del 2,6% más otros 1.200 millones de un nuevo críédito al 6% con el que se cubrirían los pagos pendientes a los propietarios de suelo expropiado. El plazo de amortización de esos príéstamos sería de 30 años y el Gobierno respaldaría el pago con 980 millones.
Las empresas, representadas por la patronal Seopan, valoraban las nueve concesionarias en 2.600 millones, cifra sobre la que estaban dispuestas a una quita del 50%. El equity de la nueva ENA sería de 1.300 millones y los partícipes privados demandaban una participación del 49%. Esta hoja de ruta quedó en vía muerta ante el rechazo de Fomento.
La mayoría de las empresas implicadas (Ferrovial, Abertis, OHL, ACS y Acciona, entre una veintena de empresas) han aceptado ya las imposiciones de Fomento. Entre las últimas ACS, a la vista de que se anticipa el pago de la deuda por obras a los seis primeros años de funcionamiento de ENA y no en el año 30, como estaba previsto. Sin embargo las hay por convencer, Sacyr tiene menos impago como constructora, pero se juega más capital. Por ello defiende una mayor participación de las empresas en el capital de la ENA. Ploder y Globalvía (GVI) tambiíén tienen problemas. Fomento ha barajado sacar del paquete de ENA a Ausur (Ploder) y Aucosta (GVI), algo a lo que se oponen ambas.
Desde Fomento se ha advertido de que el plan de rescate está medido al milímetro y que debe cumplirse una máxima para que la deuda de ENA no compute en el díéficit del Estado: los ingresos por peajes deben cubrir un mínimo del 51% de los gastos de operación y pago de intereses. Desde el sector ya se advierte que las previsiones de tráfico del Ministerio, con recuperación a partir de 2015, son excesivamente optimistas como para convencer a Bruselas.
La banca extranjera quiere conocer la quita
Fomento cerró semanas atrás un pacto con la banca nacional, liderada por Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Popular y Sabadell, sobre la financiación de la Empresa Nacional de Autopistas.
Medio centenar de bancos dieron críéditos para construir las carreteras a nacionalizar. Unos 1.200 millones (un 25% del total) fueron prestados por una docena de entidades extranjeras que llevan meses buscando la salida de este negocio ruinoso.
La banca española, tras el acuerdo con el Gobierno, cubriría sus posiciones a cambio de una quita, pero aún no se ha comunicado a estos bancos cuánto dejarían de cobrar. Fuentes financieras aseguran que la citada quita estaría en el entorno del 20% al 30%. Un recorte que algunas de los bancos consultados estiman inasumible.
