FCC no sólo tiene que afrontar la refinanciación de 5.000 millones de deuda financiera. La compañía controlada por Esther Koplowitz tambiíén tiene que hacer frente a un pasivo de 320 millones de euros que tiene con Hacienda. No obstante, este ministerio le ha eximido (por ahora) de hacer frente a esa cantidad pese a haber cobrado ya una parte sustancial del Plan a Proveedores.
Como adelantó El Confidencial el pasado mes de marzo, FCC llegó a un acuerdo con la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para dispensarle de la obligación de pagar sus deudas con Hacienda por un periodo de cuatro años. A cambio, el grupo debe de abonar un interíés del 5%, un coste que FCC considera demasiado alto y que le gustaría no tener que afrontar si el Estado le pagara a ella.
El problema es que las Administraciones Públicas ya le han abonado facturas por 1.222 millones en concepto de retrasos a travíés del llamado Fondo de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno. Sin embargo, ese ingreso no se ha destinado a cumplir con sus obligaciones con Hacienda, ya que la deuda con el fisco, lejos de bajar, ha subido hasta los 320 millones de euros.
Un importe que procede del impago temporal de determinados impuestos y de la seguridad social de sus empleados. Además, FCC debe de abonar 213,57 millones correspondientes al impuesto de valor añadido (IVA) y a otros 37,2 millones por impuestos corrientes. En total, 570,95 millones en la parte del pasivo, frente a los 280,6 pendientes de cobro por conceptos tributarios que le debe ingresar Hacienda.
Fuentes oficiales de la compañía argumentan que esta situación se deriva de los constantes impagos de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y que lo ideal sería haber cobrado a tiempo para no tener que recurrir a un aplazamiento con Hacienda ni tener que satisfacer un 5% de interíés, un diferencial que es más alto del que abona el grupo a la banca por sus 5.000 millones de deuda.
Una explicación que se produce al tiempo que Juan Bíéjar, el nuevo consejero delegado, ha aseverado en una entrevista que “las Administraciones ya están pagando bien, a cinco mesesâ€, una mejoría entre los servicios que presta FCC y el cobro que no se ha trasladado a lo que la compañía debe a las Administraciones. En lo que va de año, el grupo presidido por Esther Alcocer, hija de la propietaria, Esther Koplowitz, no ha amortizado su pasivo con Hacienda. Hasta hace poco, el holding sostenía que no pagaba a Hacienda porque no cobraba, pero ahora ya ha ingresado dos tercios de los retrasos pendientes.
Según indican fuentes oficiales, la empresa de construcción y servicios medioambientales tiene aún algo más de 500 millones de euros pendientes de cobro por parte de ayuntamientos, activo que espera cobrar en cuanto el departamento que dirige Cristóbal Montoro ponga en marcha la segunda fase del Plan a Proveedores. Además, FCC confía en que el Gobierno apruebe de una vez la nueva ley de pago de las Administraciones, que les obligará a no retrasar sus facturas más allá de 30 días.
Fuentes bancarias indican que lo que le ocurre a la constructora de las Koplowitz es que sufre un problema acuciante de liquidez que le ha obligado a pedir un anticipo de 500 millones de euros a varios bancos españoles, entre otros, Santander, BBVA y Bankia, sus tres principales acreedores. Una situación que mejorará sensiblemente si consigue alargar el vencimiento de sus 5.000 millones de deuda bancaria, aplazamiento que se espera obtener antes de concluya el año.
Dimisión en la patrimonial de la dueña
Mientras FCC negocia a dentelladas con la banca, Esther Koplowitz, dueña del 54% del capital, busca tambiíén un socio para capitalizar su sociedad instrumental, B-1998. La empresa soporta la deuda personal de la inversora, pasivo que asciende a unos 1.100 millones de euros.
En esta compañía se ha producido la dimisión del consejero Cartera Deva, en manos de la familia Aguinaga, que controla algo más del 5% de B-1998 y por extensión cerca del 2,6% de FCC. Este socio tradicional de Esther Koplowitz se comprometió en 2011 a permanecer en el capital de la constructora hasta 2016.
