La bandera de la Marca España se deshilacha. El gran proyecto del AVE entre Medina y La Meca, cuya consecución sirvió para enarbolar la recuperación del país en plena crisis de confianza internacional, parece a punto de descarrilar. Según fuentes próximas a los socios del consorcio, OHL y otras empresas privadas están en desacuerdo con la gestión de Ineco, la empresa pública que lidera la apuesta española, a la que acusan de quedarse con los primeros pagos abonados por Arabia Saudí.
Las diferencias entre las partes son tales que OHL presentó hace unos meses un arbitraje para solucionar lo que consideraba un trato desigual por tener que hacer frente a unos costes de construcción mayores de los contratados y por no percibir los primeros ingresos por sus trabajos. Fuentes próximas a Al-Shoula, el consorcio hispano-saudí que ganó la licitación del proyecto por 6.700 millones de euros, reconocen que la multinacional presidida por Juan Miguel Villar Mir preparó el citado arbitraje, pero que lo dejó en suspenso a petición de Pablo Vázquez, presidente de Ineco y representante de la totalidad de las empresas nacionales.
Dieron marcha atrás para tratar de solventar el desencuentro de forma interna. Sin embargo, cinco meses despuíés de ese encontronazo, las divergencias entre Ineco y OHL, que supuestamente tiene el respaldo de Copasa y de ACS, lejos de cicatrizar, se han ampliado. Hasta el punto de que los servicios jurídicos de Villar Mir se han puesto manos a la obra para reactivar el arbitraje y ampliar los argumentos por los que inicia el litigio.
Fuentes próximas a Ineco reconocen las discrepancias, pero matizan que son normales en un proyecto de tal envergadura. Además, confían en que la sangre no llegue al río y que las desavenencias se resuelvan mediante la negociación. Una versión afable del conflicto que contrasta con la postura más beligerante de las empresas privadas, las cuales se quejan del trato discriminatorio de la compañía de ingeniería propiedad del Estado.
Honores y dinero
El fondo del problema es que OHL teme que el proyecto, en el que se implicó hasta el rey Juan Carlos I, sea deficitario. Fuentes del grupo explican que hay que ser muy estrictos para que una obra de este calibre no se vaya de las manos y al final cueste dinero en lugar de dar beneficios. El presidente de Ineco indicó en una entrevista en El País que “los proyectos internacionales siempre tienen más riesgo que los nacionales, porque hay muchos más imponderables, pero ninguna de las empresas han entrado en este proyecto a perder dinero. Si todo sale razonablemente bien, lo normal es que las empresas ganen dineroâ€.
Sin embargo, añadió que “este proyecto significa mucho más que ganar dinero. Para todos ellos es una referencia fundamental que vale mucho a la hora de ir a otros proyectos. Abre muchas puertas a las empresas españolasâ€. Una sentencia que no comparten algunos de los socios españoles, entre los que se encuentran Adif, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Indra, OHL, Cobra, Renfe y Talgo, las cuales no quieren verse en la tesitura en la que se encuentra Sacyr con las obras del Canal de Panamá, otra obra para la historia salpicada de litigios.
Los responsables de Arabia Saudí están al tanto de las divergencias internas, ya que tienen una oficina permanente en Madrid para conocer de primera mano las infraestructuras españolas, el material que se está usando y la evolución del proyecto. Un desarrollo de un tren de alta velocidad de 450 kilómetros entre La Meca y Medina que lleva un significativo retraso por la mala ejecución de la primera fase, encargada a un consorcio chino-francíés dirigido por la asiática China Railway Construction Corporation y la gala Alstom.
Las grietas entre los socios nacionales preocupan en el Ministerio de Fomento y en el Ministerio de Exteriores, cuyo titular, Josíé Manuel García-Margallo, se ha apoderado de la Marca España como emblema de la capacidad del país para hacer frente a grandes proyectos. En el horizonte espera el concurso para construir la línea de alta velocidad entre las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Sao Paulo, una adjudicación de 13.000 millones de euros que fue suspendida el pasado verano y que será la gran obra internacional en 2014.
