Los 1.003 millones pagados por el venezolano Banesco para hacerse con el 88,3% de NCG Banco (Novagalicia) han dejado con la boca abierta a los demás candidatos de la subasta, que consideran que es inviable pagar ese precio con la píérdida esperada -el 'agujero'- de la entidad gallega. De hecho, nadie ha ofrecido más de 500 millones, salvo que se incluyera un EPA (esquema de protección de activos) al que ha renunciado Banesco. Y dudan de que este último sea capaz de asumir la carga de NCG, por lo que no descartan que necesite un nuevo rescate dentro de unos años. En todo caso, el Estado perderá al menos 8.000 millones con la operación, pese a que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo que el rescate europeo no iba a costar "un euro" al contribuyente.
"No somos nuevos en las subastas de entidades y sabemos echar las cuentas. En NCG no hay forma de justificar un precio de 1.000 millones dada la píérdida esperada de los activos de la entidad", explican desde una de las ofertas rivales de Banesco, cuya victoria fue adelantada ayer en exclusiva por El Confidencial. La píérdida esperada es un concepto que incluye la probabilidad de que los críéditos e inversiones de una entidad salgan mal y el porcentaje de su valor que se perdería en ese caso. Esta píérdida esperada no incluye los activos inmobiliarios traspasados a Sareb y fue cuantificada incluso por la auditora Mazars, según informa el FROB, aunque no ha ofrecido esa cifra. Algunas fuentes la sitúan por encima de los 2.000 millones.
"Es una oferta temeraria", añaden desde otro candidato. "Si nadie ofrece más de 500 millones será por algo, es imposible que recuperen los 1.000, nadie se lo explica". En ese sentido, los rivales consideran que el venezolano no va a poder absorber esas píérdidas y es probable que necesite ampliar capital o incluso una nueva inyección de dinero público en los próximos años. Recuerdan que Banesco tiene 25.000 millones de euros en activos, frente a los 56.700 de NCG.
Fuentes conocedoras de la situación señalan que NCG dispone de activos no estratíégicos por unos 4.000 millones que Banesco piensa vender. La cuestión es cuánto podrá sacar por ellos. Asimismo, se ha quedado con unas carteras de fallidos por 3.200 millones de la que tambiíén debe desprenderse; el precio de estos activos suele ser muy bajo y la cuestión es cómo los tiene provisionados la entidad que preside hasta ahora Josíé María Castellano (cuantas más provisiones tenga, menor es la píérdida que le queda por asumir).
Asimismo, en esta operación no están presentes las sinergias que sí conseguiría un banco español gracias al cierre de los servicios centrales en Galicia y a la reducción de oficinas y plantilla. Al contrario, Banesco se ha comprometido a mantener el empleo, aunque ese factor no contaba para la oferta. Y tampoco será capaz de compensar los 4.500 millones en críéditos fiscales (DTA) que tiene NCG, aunque tiene garantizados 2.300 gracias a las nuevas normas de solvencia (esos 2.300 se recuperan a los 19 años aunque no tenga beneficios suficientes; pero un banco más grande podría haberse ahorrado los 4.500 enteros). Otras fuentes critican que la oferta venezolana no incluya una solución para los afectados por las preferentes, ya que algunos rivales sí ofrecían devolver el 100% del dinero invertido por los clientes.
Píérdida mínima de 8.000 millones para los contribuyentes
Sea como fuere, los 1.003 millones se quedan por debajo de los 1.400 que pretendía alcanzar el FROB y suponen una píérdida como mínimo de 8.000 millones para los contribuyentes, ya que NCG ha recibido casi 9.000 millones de dinero público en los tres rescates de la banca española: 1.162 millones en preferentes del FROB 1, 2.465 más del FROB 2 cuando fue nacionalizada, y 5.425 del rescate europeo del año pasado.
Como mínimo porque el fondo de rescate ha otorgado una serie de garantías para cubrir a Banesco de una serie de eventualidades: el 'riesgo Sareb' (que el valor de los activos traspasados sea menor del pagado por el banco malo y haya que devolver la diferencia), las demandas por las preferentes, las cláusulas suelo y los swaps de tipos de interíés, la reclamación de la aseguradora Aviva por la ruptura de su contrato con la entidad y algunas cuestiones fiscales. Según algunos candidatos, estas garantías pueden alcanzar 850 millones, pero es imposible determinar a priori quíé parte de esa cantidad se va a consumir realmente.
