Sacyr ya tiene lista su estrategia para continuar con las obras de ampliación del Canal de Panamá y poner fin a la disputa que su consorcio (GUPC) mantiene con las autoridades del país centroamericano desde comienzos de año. La solución, según ha podido saber este diario, pasa por imponer su criterio al socio italiano Impregilo, responsable de haber iniciado el conflicto por su beligerancia y que ahora se presenta a ojos de todas las partes como un estorbo en las negociaciones por sus formas (las declaraciones de su presidente Pietro Salini la semana pasada sorprendieron a propios y extraños por su iracundia) y porque su postura no tiene como prioridad la finalización del proyecto.
Con estos argumentos, la española se ha propuesto sumar al 48 por ciento que representa en el consorcio el 4 por ciento que aglutinan la belga Jan de Nul y la panameña CUSA. Unos apoyos que darían mayoría a Sacyr en el consejo del GUPC y que obligarían a Impregilo a sumarse su moción o, en el caso de que no pase por el aro, a abandonar motu proprio el consorcio.
Ya sin la italiana generando división en las negociaciones con la Autoridad del Canal (ACP), el interíés de todas las partes por seguir adelante con los trabajos y llevar a tíérmino la obra facilitaría la rúbrica de un acuerdo que dote de liquidez al proyecto y evite su paralización.
Respaldo asegurado
Tanto el respaldo de Jan de Nul como de CUSA parece garantizado teniendo en cuenta que la primera es titular en estos momentos de otro contrato en el Canal para el dragado de la entrada norte del Cauce de Acceso Pacífico y no quiere más problemas en el país.
La firma panameña, por su parte, es especialmente sensible a los intereses del Gobierno de Ricardo Martinelli, quien comparte con Sacyr la voluntad de no parar las obras y abrir el nuevo paso a lo largo de 2015. Fuentes de Sacyr se han limitado a confirmar que su postura casa tanto con belgas como con panameños.
Con todo, las negociaciones en pro de un acuerdo con la ACP tendrían que estar listas para el lunes que viene (20 de enero). Fecha tope antes de que venza el plazo dado por el consorcio para interrumpir las obras. En este sentido, el propio organismo panameño, según informan varios medios locales, habría fijado una reunión con Zurich, la aseguradora del proyecto, para el día 21. Si esa reunión se llega a producir, todo apunta a que las negociaciones han fracasado y Panamá asume la ejecución de las obras.
Mientras Panamá y Sacyr tratan de limar asperezas para encauzar una solución al conflicto, fuentes del sector certifican el malestar de la ACP con la actitud hostil de Impregilo, siempre tratando de negociar soluciones al margen de lo establecido en el contrato.
Estas mismas fuentes destacan además que Panamá está de acuerdo con varias de las reclamaciones interpuestas por el GUPC a consecuencia de los sobrecostes de 1.200 millones de euros que acumula el proyecto, pero que si íéstas no han sido tenidas en cuenta es porque no se han seguido los procedimientos estipulados para ello. Los responsables del consorcio encargados de presentar estas reclamaciones fueron, precisamente, italianos.
A pesar de estar de acuerdo con la razones de algunos de estos sobrecostes, como el relativo a la calidad de los materiales para la mezcla de hormigón, el Gobierno panameño estaría tratando de ganar tiempo antes de atender estas demanda por la cercanía de las próximas elecciones generales, fijadas para el mes de mayo de este mismo año.
Asimismo, la ACP tambiíén es consciente de que aún harían falta alrededor de 1.100 millones de euros (1.500 millones de dólares) para terminar el proyecto.
Traslado de las compuertas
Sobre el retraso en el traslado desde Italia de las compuertas que cerrarán las nuevas esclusas del Canal y que las autoridades panameñas exigen al GUPC, obedece a la disputa que la naviera francesa Geodis Wilson mantiene con el fabricante italiano Cimolai Spa, a quien reclama alrededor de 40 millones de euros por el traslado hasta Panamá de cuatro de las 16 compuertas que tendrá el nuevo paso.
En este sentido, dado que los servicios de la naviera no fueron contratados por el GUPC directamente, sino por la firma italiana, íéste se ha desmarcado de la políémica, la cual podría dar como resultado que Geodis Wilson impida por vía judicial la instalación de las compuertas hasta que reciba su dinero.
Aunque el conflicto está en vías de solución, el GUPC tendrá aún que esperar a que este problema se solvente antes de poder entregar el resto de compuertas o, en su defecto, buscar a otra naviera.
Con todos estos problemas por resolver, el GUPC y la ACP afrontan unos días de infarto para consensuar una postura que devuelva la liquidez al proyecto mientras se resuelve el contratiempo de los sobrecostes, unas demandas que ya se encuentran tanto en la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglíés) como en procesos de arbitraje internacional para su resolución.
En cuanto al restablecimiento de la liquidez del proyecto, el Canal propuso anticipar unos 73 millones de euros, mientras que el consorcio solicitó de esta institución un adelanto de 290 millones de euros.
