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El viceministro de Finanzas griego, Jristos Staikuras, mostró hoy su preocupación ante la sentencia del Consejo de Estado que obligará al gobierno a cancelar los recortes salariales de algunas categorías funcionariales y a pagar sus atrasos desde agosto de 2012.
El lunes el máximo tribunal administrativo del país dictaminó que la norma era inconstitucional, pero el fundamento y el alcance de la sentencia no se conocerán hasta pasados tres meses.
Por tal motivo, Staikuras consideró que si la decisión final del Consejo incluye a todas las categorías especiales de funcionarios, jueces y acadíémicos además de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entonces el gobierno podría verse en dificultades para ejecutar el presupuesto de 2014.
Según los cálculos expresados por el Viceministro, responsable de la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de la sentencia podría tener un coste cercano al 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto de Grecia, lo que supondría unos mil millones de euros.
Si ese fuera el caso el gobierno tendría que aplicar medidas adicionales para cubrir el desfase en un momento en que los acreedores internacionales están comenzado a mostrar sus dudas sobre el presupuesto aprobado y el grado de ejecución de las medidas de austeridad impuestas al país.
