Por.... Luis Manuel Arce Isaac
El litigio contractual que ha puesto en crisis los trabajos de la ampliación del Canal de Panamá entra hoy en una semana decisiva, con el reinicio de las reuniones entre las empresas constructoras, la administración y la afianzadora Zurich.
Sobre el tapete está una propuesta con pocos detalles públicos para el cofinanciamiento del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) en especial sus dos principales empresas, la española Sacyr Vallehermoso y la italiana Impregilo, poseedoras del 96 por ciento de las acciones.
Zurich propuso entregar al GUPC los 600 millones de dólares bajo su custodia como fianza puesta por el consorcio para iniciar las obras, y que al mismo tiempo la Autoridad del Canal (ACP) le concediera una moratoria para la devolución de 785 millones adelantados al grupo.
La precondición impuesta a los constructores es que ese dinero se entregaría contra objeto de obra terminado, pero las partes siguen estudiando en detalles la propuesta y no se sabe si va a sacar o no de su estancamiento al diálogo y reiniciar el trabajo a un ritmo normal, ahora prácticamente paralizado.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, dejó entrever que hoy podrían reanudarse las negociaciones, pero lo cierto es que no se ha publicado ninguna convocatoria, ni por la autoridad del Canal ni por el consorcio, aunque los contactos se han mantenido.
Sacyr e Impregilo reclaman el pago de un sobrecosto de mil 600 millones de dólares que, según ellos, les ha afectado el flujo de caja y les imposibilita continuar el trabajo en la construcción del tercer juego de esclusas que es el principal objeto de obra de la ampliación.
De todas maneras la semana es clave, pues el nuevo plazo dado por ambas empresas para suspender el trabajo es el 32 de este mes, tiempo en el tendrá que decidirse si se llega a un arreglo o si ACP asume finalmente la terminación del proyecto.
