La Generalitat Valenciana quiere adjudicar cuanto antes la gestión del políémico aeropuerto de Castellón para desligarse de un proyecto que está contribuyendo al hundimiento electoral del Partido Popular en la comunidad. El proceso de adjudicación de la infraestructura está a punto de concluir. Pero los problemas podrían prolongarse por tiempo ilimitado incluso despuíés de la cesión del aeropuerto, porque la empresa favorita en estos momentos para quedarse con la explotación durante los próximos 20 años arrastra una sombra de sospecha aún mayor que la que acompaña desde su primera piedra a este símbolo de la España del despilfarro.
El proceso de evaluación de las ofertas presentadas por las dos firmas interesadas en quedarse con la gestión del aeropuerto –había una tercera pero fue descartada por no acreditar su solvencia económica– concluyeron la semana pasada. La compañía que ha obtenido mayor puntuación es la multinacional canadiense SNC-Lavalin. Se trata de un gigante mundial del sector de la ingeniería con más de un siglo de historia, presente en todos los continentes y con una cifra de negocio en 2011 superior a los 5.300 millones de euros. Las cifras avalan su interíés por el aeropuerto de Castellón.
El problema es que SNC-Lavalin se ha convertido en los últimos meses en un símbolo de la corrupción de dimensiones planetarias. Un vicepresidente de la compañía, Yves Cadotte, admitió en marzo de 2013 que varios directivos y sus esposas financiaron ilegalmente a los dos principales partidos de la región de Quebec entre 1998 y 2010 con aportaciones que sumaban más de un millón de dólares –alrededor de 730.000 euros–. La propia compañía reintegraba luego ese dinero a sus directivos con suculentas compensaciones. Cadotte admitió que esos pagos infringían la ley –en Quebec no se permite que las empresas privadas financien a los partidos–, pero rechazó que el objetivo de esas aportaciones fuera obtener adjudicaciones públicas. Sin embargo, en el periodo 1998-2010, sólo el Departamento de Transportes de esta región canadiense concedió a SNC-Lavalin contratos por valor de 150 millones de euros.
Corrupción en Asia y ífrica
El caso ha generado en Canadá una enorme polvareda que ha terminado extendiendo la investigación a otras provincias. Pero la compañía que ha conseguido la mejor nota para quedarse con el aeropuerto de Castellón durante las próximas dos díécadas tambiíén tiene serios problemas fuera de las fronteras de su país. Una investigación de la Policía Montada de Canadá en colaboración con el Banco Mundial ha permitido demostrar que, al menos entre 2008 y 2011, una decena de altos directivos de SNC-Lavalin habrían pagado sobornos millonarios a dirigentes de Nigeria, Zambia, Uganda, Ghana, India y Kazajistán para lograr adjudicaciones financiadas por el propio Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. La firma de ingeniería tambiíén habría utilizado este míétodo en Argelia y Bangladesh.
La división de la compañía que más habría recurrido a esta práctica, SNC-Lavalin International Inc., llegó a idear un código para registrar los sobornos sin levantar sospechas. Marcaba los comprobantes de pagos ilegales con las letras PCC, que en teoría resumían la fórmula Project Consultancy Cost, en castellano, coste de consultoría del proyecto. Pero el Banco Mundial ha concluido su investigación afirmando que, en realidad, esas tres letras reflejaban la adquisición de voluntades. El pasado mes de septiembre, el Banco Mundial decidió sancionar a la compañía y a 114 filiales incluyíéndolas durante una díécada en su lista negra de empresas corruptas.
La detención hasta en dos ocasiones del presidente de SNC-Lavalin, Pierre Duhaime –que abandonó el cargo y ha sido formalmente acusado de fraude–, y la sucesiva aparición de estas informaciones ha provocado un gran malestar en la sociedad canadiense. La investigación judicial ni siquiera ha terminado. Se calcula que la empresa habría pagado más de 40 millones de euros en sobornos.
Hace sólo cuatro meses, SNC-Lavalin vivió un nuevo contratiempo que fue interpretado por la sociedad canadiense como el agravio definitivo. El Gobierno de Trinidad y Tobago se negó a adjudicarle a la compañía la construcción de un hospital por la fama de corrupción que la rodea, a pesar de los esfuerzos que hicieron las autoridades de Ottawa para tratar de respaldar su candidatura a ese contrato.
Vía libre en España
Pero SNC-Lavalin no está encontrando en el Gobierno que preside Alberto Fabra los obstáculos que frenaron sus aspiraciones en el país caribeño. Ha obtenido la mejor nota en el concurso para quedarse con el aeropuerto de Castellón. El consejo de administración de Aerocas, la sociedad pública que gestiona el aeródromo, se reunirá la próxima semana para confirmar su victoria. Lo único que necesita ahora la empresa canadiense para formalizar el acuerdo es aportar alguna documentación y depositar 1,2 millones de euros en concepto de aval. Todo indica que cumplirá con ese trámite, aunque los precedentes de esta infraestructura obligan a ser cautos. Hace sólo un año, el mismo Gobierno valenciano anunció que había un inversor libio dispuesto a desembolsar 200 millones de euros para quedarse con el complejo. Sin embargo, el inversor resultó ser un simple intermediario que apenas disponía de recursos.
El contrato contempla la gestión completa de todo el aeropuerto, desde el tráfico aíéreo a la estrategia de comunicación, pasando por la explotación comercial y la búsqueda de mercados turísticos. Tendrá una duración de 20 años. A cambio, SNC-Lavalin ingresará 25 millones de euros de las arcas de la Comunidad Valenciana. Fuentes de la Generalitat han preferido no valorar estas informaciones hasta que el consejo de administración no oficialice la victoria de la empresa canadiense.
