El consumidor elíéctrico ha pagado 52.000 millones de euros en primas a energías renovables desde los noventa. El grueso de este gasto -50.000 millones- se concentra en la última díécada, con un incremento del 800% entre 2005 y 2013. Así consta en la memoria económica de la orden ministerial sobre la nueva retribución regulada de estas energías, remitida ayer por Industria a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
El documento que ha llegado al regulador en fase de consultas volvió a poner patas arriba a un sector lastrado por los continuos cambios regulatorios. Ya era conocido el recorte de 1.750 millones de euros global a estas energías aprobado el pasado año por el Gobierno en el marco de la reforma elíéctrica, así que la importancia de la orden radicaba en saber quíé energía en particular se iba a llevar el grueso del tijeretazo y a quíé empresas les va a pasar una mayor factura.
Las primeras fuentes consultadas coinciden en señalar a la energía eólica como la más perjudicada por el recorte, si bien todas piden más tiempo para analizar en detalle los más de 1.400 modelos de retribución incluidos en la propuesta. Por primera vez, Industria opta por suspender las primas a las instalaciones de este tipo en funcionamiento desde antes de 2005 al considerar que ya ha recibido «una rentabilidad razonable» durante su vida útil y, por tanto, están amortizadas. Esta medida afectará a un tercio de los parques instalados en España
1.171 millones menos
La Asociación Española Eólica (AEE) cifró ayer en 1.171 millones el recorte a esta tecnología tras sumar la suspensión de primas a algunas instalaciones y el recorte del 50% a otras más modernas. Esta cantidad supone un 67% del recorte total a las renovables y a la cogeneración aprobado en la última reforma elíéctrica, y aproximadamente la mitad de la retribución que esta tecnología recibe anualmente. Hasta noviembre del pasado año, las primas recibidas por la eólica ascendieron a 2.231 millones de euros.
Ahora, los molinos que han perdido el derecho a prima sólo ingresarán el precio del mercado. Esto es una controversia en sí ya que, esta tecnología, es la que ha permitido hasta ahora rebajar el precio global de la electricidad al casar sus ofertas a cero euros en el mercado mayorista o pool. Su ausencia durante el mes de diciembre fue una de las causantes de que el precio se disparara un 70% en las semanas previas a la subasta elíéctrica Cesur.
Así, la energía eólica se ha posicionado como la primera fuente de generación elíéctrica del país al cubrir el pasado año un 21,1% de la demanda elíéctrica peninsular, por encima de la nuclear y la hidráulica. La patronal advirtió del «error político histórico» que supone cargar contra una tecnología que aporta el 50% de la energía renovable del país y «sólo» cobra un 25% de las primas. Además, AEE cargó contra la «retroactividad» de la norma, que obliga a devolver las primas recibidas en el segundo semestre del año pasado a algunas instalaciones y golpea al valor de los activos de las empresas.
Las empresas más perjudicadas por el recorte a la eólica son Iberdrola y Acciona. Entre ambas cotizadas gestionan un 43% de los molinos terrestres instalados en España. Ambas lideran tambiíén las instalaciones maduras ya que Iberdrola impulsó la instalación de esta tecnología -en 2004 controlaba un 30% del parque- y Acciona compró activos anteriores a 2004 a Endesa durante su proceso de transformación empresarial.
Industria justifica el recorte a estas tecnologías en su objetivo de devolver la estabilidad financiera al sector elíéctrico y taponar el conocido como díéficit de tarifa, que tiene origen en el desfase crónico entre los ingresos y los costes regulados del sistema. El ministro Josíé Manuel Soria siempre ha vinculado parte del agujero de 30.000 millones que arrastra el sistema al crecimiento de las primas a estas tecnologías.
En la última díécada el gasto medio anual cargado al recibo elíéctrico para impulsar estas energías asciende a 5.000 millones de euros, equivalente al presupuesto sumado de los ministerios de Justicia, Exteriores y Educación en 2013. El pasado año el coste de estas energías ascendió a 9.000 millones, según las estimaciones de Industria.
