Dinero. Eso es lo que necesita Codere para poder hacer frente a sus obligaciones financieras con los bonistas y los acreedores, a los que dejó de pagar el pasado mes de enero. Ante esta situación, que avoca a la compañía al concurso de acreedores, los dueños de los bonos han propuesto a la familia Martínez Sampedro inyectar 400 millones de euros a cambio de quedarse con el 80% del capital de la compañía.
La proposición cuenta con el respaldo del 75% de los tenedores de las distintas emisiones de bonos de Codere, que tiene en el mercado unos 1.000 millones en deuda comercial. Estos inversores se han agrupado bajo la representación de Houlihan Lokey, el banco de inversión que defiende los intereses de los acreedores ante los Martínez Sampedro. La familia, propietaria del 70% de la empresa de juegos, no está, sin embargo, por la labor de firmar este acuerdo.
Según indican fuentes financieras, los bonistas proponen aportar 200 millones de dinero fresco, más otros 200 que procederían de un cambio de deuda por capital. Como muestra de buena voluntad, estos inversores aceptarían una quita de 350 millones del total del pasivo que se les adeuda, con tal de que Codere pudiera ser viable. A cambio, se quedarían en un principio con el 95% de las acciones del grupo.
Pero para que los actuales gestores sigan al frente de la sociedad, ofrecen a los Martínez Sampedro un bonus por el que podrían llegar a mantener entre el 15 y el 20% vinculado a la obtención de determinados objetivos financieros. Unos administradores, encabezados por Josíé Antonio Martínez Sampedro, que se niegan a rubricar esta propuesta y que prefieren acudir al concurso de acreedores antes que ver que los inversores institucionales toman el capital.
Codere ya está en preconcurso desde el pasado 4 de enero y en situación de impago desde mediados del mes pasado cuando reconoció que no tenía en caja ni los 32 millones necesarios para abonar el cupón de una de sus emisiones de bonos. Antes tambiíén habían dejado sin devolver 132 millones de euros correspondientes a una línea de críédito especial concedida por los fondos Canyon y Blackstone en agosto de 2013 para evitar un default prematuro.
Precisamente, estos dos fondos le han dado hasta el próximo día 6 de febrero para hacer frente a esta deuda, fecha que podría extenderse hasta principios de abril si Codere presenta un plan de emergencia que sea validado por el 50% de los bonistas, una opción que parece complicada porque las posturas entre los Martínez Sampedro y los inversores institucionales están muy alejadas.
Para los fondos, los actuales accionistas prefieren el concurso de acreedores a que la compañía siga funcionando porque pretenden anteponer sus intereses personales antes que los del conjunto de los accionistas. Hay que recordar que la familia tiene, además, una deuda personal de más de 500 millones a travíés de un príéstamo cuyas garantías son parte de las acciones de Codere. Dicho pasivo es a travíés de Massampe, una sociedad dueña del 51% de Codere, cuyo valor de mercado es de apenas 27 millones.
