Antes morir que perder la vida en el intento. La dirección de Codere está dispuesta a presentar la suspensión de pagos antes de aceptar el ‘regalo envenenado’ de 400 millones de euros que ofrecen los bonistas y demás ‘fondos buitre’ en su calidad de principales acreedores. Codere justifica su negativa a la propuesta con una serie de argumentos razonados jurídicamente, a los que ha tenido acceso El Confidencial, y que ponen de relieve la defensa numantina que prepara el presidente y primer accionista de la compañía, Josíé Antonio Martínez Sampedro.
La empresa de juegos fundamenta su rechazo en lo que considera un “fraude de ley†por cuanto que el plan de los bonistas induce al consejo de administración en contra de los intereses de los socios minoritarios que verían diluida su participación accionarial a la mínima expresión, en nada más y nada menos que un 97%. Todo ello para que los actuales propietarios de la deuda pasen a adquirir más del 80% del capital de Codere dejando a la familia Martínez Sampedro el control vigilado de la sociedad con un paquete de ‘obsequio’ estimado en torno al 14%.
La supuesta ‘trampa legal’ derivada de la propuesta efectuada por los bonistas adquiere carta de naturaleza como alternativa prevista de antemano ante la lógica negativa de la junta general de accionistas. La ‘oferta’ contempla que, en dicho y natural supuesto, el consejo de administración ejecute una cesión de todos los activos de Codere a una filial de nueva creación que sería controlada por los bonistas. Esta operación de segregación, denominada hive down, constituye un desafío a las normas de buen gobierno corporativo que defiende la CNMV desde el momento en que se plantea como una forma de burlar la decisión mayoritaria de los accionistas en calidad de verdaderos propietarios de la entidad.
Codere señala que el ofrecimiento de los 400 millones de euros es una mera “maniobra de marketing†destinada a imponer nuevos intereses de deuda en favor de los bonistas. Cabe señalar que del total de la mencionada cifra, sólo la mitad sería fondos frescos mientras que la otra mitad correspondería a la capitalización de deuda por acciones para facilitar la toma de la propiedad por parte de los actuales acreedores institucionales. La empresa entiende que estos recursos son innecesarios y lo que se necesita ahora es tiempo para reembolsar el valor nominal de los bonos con la garantía de viabilidad de una compañía que generó un resultado operativo (ebitda) de 280 millones de euros en 2012.
Los Martínez Sampedro, como principales accionistas de Codere, consideran que los bonistas tratan de “comprar†su voluntad favorable al traspaso de la empresa con la cesión del citado 14% como moneda de pago para “arrebatar†la propiedad a los accionistas minoritarios. Los actuales gestores de la compañía apelan al ordenamiento jurídico español que exige la igualdad de trato para todos los accionistas y anuncian que la familia fundadora de la compañía no accederá a lo que califican como “una maniobra fraudulentaâ€.
Causa común con los sindicatos
Esta misma posición es sostenida por los sindicatos de la empresa de juegos de azar que da empleo a más de 20.000 personas distribuidas entre sus múltiples instalaciones en España, Italia y Latinoamíérica. UGT ha presentado incluso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que acusa a los fondos buitre de llevar a cabo prácticas de “extorsión†contra la sociedad. Los representantes de los trabajadores advierten que la propuesta de los bonistas supone “un claro desprecio hacia los accionistas minoritarios y sólo generará destrucción de empleoâ€.
Los sindicatos han hecho causa común con los actuales responsables de Codere para evitar que los acreedores extranjeros se queden con la compañía. La estrategia de defensa, que se irá ampliando a lo largo de los próximos días, está dirigida principalmente contra las dos grandes entidades financieras, Canyon Capital Finance y GSO Fund (filial de Blackstone), que el pasado verano adquirieron a Credit Suisse, Barclays y BBVA la deuda senior de la empresa, valorada entonces en 120 millones de euros. Dicha compra se efectuó sin el consentimiento de Codere y con el previo amparo de seguros de críédito CDS para cubrir un eventual default.
Desde entonces la compañía española, referente en el sector del juego privado a nivel mundial, se ha visto sometida al calvario de unos acreedores oportunistas que tratan de aprovechar tambiíén las dificultades de Codere para afrontar las emisiones de bonos realizadas en los últimos años por importe de 1.000 millones de euros. Los bonistas se han convertido en la coartada de los fondos buitre dentro de un matrimonio de conveniencia financiera que busca carnaza entre las víctimas de la gran crisis de deuda. El caso de Codere no es el único que preocupa a la CNMV, pero su desenlace puede ser determinante para demostrar si los intereses de las empresas españolas cotizadas en bolsa están o no a buen recaudo.
