Por... Martin Hacthoun
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina investiga hoy sobre las maniobras de lavado de dinero por la última dictadura militar (1976-1983) y sus acólitos civiles, para ocultar la expropiación de patrimonios.
Hasta ahora se ha corroborado que un entramado de empresas en Argentina y en el exterior servía para lavar bienes robados a víctimas de la represión. Casas y locales comerciales quedaban en manos de miembros de los llamados Grupos de Tareas o sus familiares, destaca hoy el diario Página 12.
Los resultados de esa pesquisa pueden tener una incidencia relevante en el juicio que se sigue a exmiembros de la Escuela de Mecánica de la Armada, más conocida como ESMA, que es uno de los grandes procesos, junto al de la Operación Cóndor, entre los 13 que tienen lugar en Argentina contra crímenes de lesa humanidad.
Desde octubre pasado la UIF colabora en la investigación sobre robo de bienes de la ESMA, y ya analizó unas 12 sociedades relacionadas entre sí que aparecen creadas por integrantes de la Marina, y que todavía siguen operando, informa Página 12.
Entre ellos figuran nombres como los de Jorge Radice, Ricardo Cavallo, familiares de ellos y de un grupo de civiles que suele ser siempre el mismo. Las empresas aparecen localizadas dentro del país y en paraísos fiscales, puntualiza el diario.
Pero el hallazgo más importante -apunta- es que el entramado de compañías parece ser una pantalla destinada a lavar el robo de bienes, dado que las sociedades asentadas en el país no son rentables y viven de recibir inyecciones de dinero de las firmas que ellos mismos tienen afuera.
Según datos del Banco Central de Argentina sólo desde el año 2001 llevan inyectados casi 19 millones ocho mil 513 pesos, unos dos millones 437 mil dólares al cambio de hoy.
Eso constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2, señala un reporte de la UIF. La UIF que dirige Josíé Sbattella se presentó en el juzgado de Sergio Torres en enero para pedir ser aceptado como querella en la causa ESMA, ya que llevaba varios meses colaborando en la investigación.
Torres los aceptó y ahora ese organismo presentó en la fiscalía de Eduardo Taiano un escrito en el que piden al fiscal que impulse la imputación por lavado de dinero. La presentación es importante además por otras razones, advierte la publicación.
Jurídicamente, agrega, introduce en el ámbito judicial una discusión todavía pendiente y necesaria no sólo para esta causa sino para otras como Papel Prensa, empresa expropiada por la Junta Militar y entregada en su momento a los grupos Clarín, La Nación y La Razón.
Y es el debate que vincula la figura del lavado de dinero con las causas de lesa humanidad. Esto permitiría pesquisar la ruta del dinero a travíés del tiempo. Y puede abrir la posibilidad de embargo y congelar movimiento de las empresas implicadas.
El problema jurídico es que la ley se sancionó en 2004 y por lo tanto no estaba vigente al momento de los hechos. Aun así, en el juzgado creen que esta causa puede abrir el debate, ya que el entramado de empresas vinculadas al Grupo de Tareas 3.3.2 muestra que el delito continúa hasta ahora.
