El Gobierno español defenderá este martes en el Ecofin, la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, la tasa sobre las transacciones financieras (ITF) pero con algunas limitaciones. Este remedo europeo de la tasa Tobin —un impuesto propuesto en los setenta por el economista estadounidense James Tobin sobre las transacciones financieras con la intención de reducir la volatilidad— está encallado en Bruselas.
La idea de gravar las operaciones financieras tomó fuerza a raíz de la crisis financiera de 2008, pero hasta ahora los avances han sido escasos. Tan solo Reino Unido, Francia e Italia han legislado unilateralmente para establecer un tributo que grave algunas operaciones. El gran obstáculo para que prospere este impuesto europeo está en la definición del hecho imponible: quíé se define como “transacciones financierasâ€. En este concepto podrían entrar operaciones tales como la compraventa de acciones, bonos, derivados, futuros de productos básicos...
Precisamente es una de las cuestiones que este martes se debatirán en el Ecofin. España defenderá la misma posición que Francia y Alemania de establecer un gravamen sobre las operaciones financieras. Pero tambiíén defenderá que se debe aprobar por consenso y rechaza establecerlo unilateralmente, según fuentes oficiales.
En 2012, la Comisión Europea puso sobre la mesa la propuesta de establecer un impuesto del 0,1% sobre las transacciones de bonos y de acciones ordinarias, y del 0,01% sobre los derivados. Habitualmente este tipo de decisiones tributarias se adoptan en Europa de forma unánime, pero en aquella ocasión un grupo de países —con un importante peso del sector financiero en su economía— se opuso a la misma. Para salvar la iniciativa, la Comisión permitió a otro grupo mayoritario de países, entre ellos España, profundizar en la aplicación del nuevo tributo mediante cooperación reforzada, un atajo previsto en la legislación comunitaria cuando hay vetos de este tipo.
La idea del Ejecutivo español pasa por apoyar el establecimiento de este impuesto sobre transacciones financieras pero limitando su alcance. La tesis de las autoridades españolas es que solo se grave a la compra de acciones de grandes empresas, sociedades con una elevada capitalización bursátil. Esta propuesta es similar a la que aplica Francia que solo grava la compra de acciones de multinacionales. Italia —el otro país que ya ha legislado sobre el asunto— aplica la tasa a la compra de acciones de todo tipo de compañías. Reino Unido, por su parte, tiene un gravamen sobre la transmisión de valores no documentados.
El Ejecutivo español se opone a ampliar el gravamen a otro tipo de operaciones financieras como, por ejemplo, los derivados. Considera que establecer un impuesto sobre estas operaciones complejas podría afectar a la posición de la deuda española, según fuentes gubernamentales, que explican, que pretenden que esta nueva figura tributaria debería ser neutra y si se aplica sobre más operaciones podría alterar los fundamentos del mercado. En cualquier caso, el Gobierno español descarta adoptar cualquier decisión hasta que no haya un acuerdo general en el seno de la Comisión Europea.
Por eso, aunque este martes se discuta en el Ecofin sobre el asunto, las conclusiones no tendrán mayor alcance hasta que se decida un pacto para ponerlo en marcha.
