Mientras la ministra de Fomento, Ana Pastor, se dio este fin de semana un baño árabe en el desierto de Arabía Saudí para suavizar los problemas con el AVE a la Meca que construye un consorcio español, el conflicto internacional de Sacyr por la ampliación del Canal de Panamá sigue enfangado. La indecisión de Zurich, la aseguradora del proyecto, y del Gobierno de España, que tiene que asumir un coste adicional por las garantías, hacen imposible la firma del principio de acuerdo el día que vence el eníésimo ultimátum. La constructora española ha convocado un consejo extraordinario para decidir los pasos a seguir ante las divergencias.
Jorque Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), aseveró hace una semana en la Asamblea Nacional que este martes debía estar cerrado el pacto para que las obras de la vía marítima se reanudaran tras la paralización ordenada por Sacyr y por Impregilo el pasado 6 de febrero. El primer ejecutivo del Canal hizo hincapiíé que la nueva fecha límite era tiempo más que necesario para “afinar el lápiz†y concretar la financiación del último tramo de las obras.
Pero llegado el día, las diferencias son lo suficientemente importantes como para que los trabajadores no vuelvan al tajo inmediatamente. El problema principal radica en que Zurich todavía no ha dado su brazo a torcer para convertir los 400 millones de euros del seguro que contrató el consorcio para protegerse de cualquier incumplimiento en una línea de críédito. Esa es la decisión clave para disponer de dinero efectivo con el que acabar el 30% restante del proyecto.
Pero no la única. Porque Sacyr ha pedido a Cesce, la aseguradora española de capital público, que tambiíén modifique el aval en un contrato de garantía del príéstamo. Es decir, que el Gobierno asuma más riesgo, lo cual deberá ser aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno que se celebra el jueves y, posteriormente, por el Consejo de Ministros de este viernes. Una decisión nada fácil porque el primer aval concedido por Cesce ya fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas por “imprudenteâ€.
Por si fuera poco, el vacío de poder en Italia, cuyo primer ministro dimitió la semana pasada, dificulta aún más si cabe la rubrica del acercamiento que la ACP y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) alcanzaron la semana pasada. Porque Impregilo tiene, como Sacyr, un 48% de responsabilidad y requiere del apoyo del Ejecutivo transalpino para cofinanciar la finalización de los trabajos. La belga Jan de Nul y la panameña Cusa disponen del 2% restante.
Así las cosas, el consorcio necesita más tiempo para cerrar el preacuerdo, por lo que las conversaciones deberán prolongarse si la ACP se muestra flexible. Porque aunque Quijano se decantó porque Sacyr e Impregilo concluyan las terceras esclusas del Canal debido al coste mayor que supondría para el país, fue muy expeditivo al indicar que no tendría ningún reparo en poner en marcha el Plan B.
“No le tenemos miedo a la otra solución. No vamos a vacilar si llega el momento de tomar la otra ruta, que puede ser algo complicada y algo delicada, pero tenemos plena confianza en llevarla a cabo si en una semana, si el próximo martes, no firmamos el acuerdoâ€, aseguró el administrador de la ACP ante la insistencia de los malhumorados diputados panameños.
El acuerdo pasa porque Zurich aporte una línea de financiación de 400 millones de dólares (el importe del seguro), cantidad que añadida a los 100 que desembolsaría la ACP y los otros 100 que abonarían las contratistas. Seiscientos millones de dólares con lo que se concluiría la obra, que sumados al retraso de la devolución de los 780 millones adelantos por Panamá a GUPC, permitirían finalizar el proyecto en diciembre de 2015. Despuíés llegaría la batalla legal por la reclamación de los 1.600 millones de dólares, 1.200 millones de euros, de los reformados que han provocado el conflicto
