El conflicto causado por Sacyr por la paralización de las obras del Canal de Panamá ha terminado por anegar las dependencias del Gobierno. La necesidad de que el Estado juegue un papel más exigente en la fórmula de financiación de la ampliación de la vía marítima ha provocado un encarnecido debate interno sobre si ayudar a la constructora española o asumir un riesgo de 3.450 millones que iría contra las arcas del Estado.
La pelea en el Ejecutivo obedece a las distintas posturas que mantienen el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según distintas fuentes próximas a las conversaciones, De Guindos defiende que el Estado no tiene que arriesgar ni un euro más en el proyecto del Canal de Panamá despuíés de que la aseguradora pública Cesce le concediese un aval por 316 millones en 2009.
Por su parte, Montoro considera que es vital que el Gobierno salga en auxilio de Sacyr con la transformación de parte del aval por no terminación de las obras en una fianza de 170 millones en caso de impago por parte de Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de las reclamaciones que exige la constructora española y sus socios italianos de Impregilo (1.200 millones de euros).
No es que el ministro de Hacienda tenga gran interíés en defender a Sacyr en un proyecto privado. El análisis de Montoro es que, en caso de que las obras no concluyesen y que la empresa presidida por Manuel Manrique sufriese graves píérdidas derivadas de la situación financiera del proyecto, el Estado estaría expuesto a un riesgo de 3.447 millones si el grupo constructor se viera abocado al concurso de acreedores. Un roto que dañaría aún más el díéficit público.
Aunque se trataría de una última derivada del conflicto, ya que la empresa podría ampliar capital, esa cifra es la que suman todos los críéditos, avales y subvenciones que la Administración Pública ha dado a Sacyr o cualquiera de sus filiales, según un informe elaborado ex profeso por Hacienda. El mayor riesgo es el derivado de las ayudas a las autopistas radiales de Madrid, donde la compañía tiene deudas por casi 2.500 millones, seguido de la concesión de la autovía de pago que une la capital con el Levante. El siguiente por volumen es precisamente el proyecto de Panamá.
Este es el informe que Montoro va a llevar a la Comisión Delegada del Gobierno, el organismo que revisa los temas que se someten a la aprobación del Consejo de Ministros, para su análisis. Fuentes gubernamentales consideran que el titular de Hacienda va a ganar la batalla a De Guindos, que se decanta por no arriesgar un euro más de las arcas públicas a favor de una empresa privada.
Esta posición contrasta precisamente con las ayudas que el ministro de Economía concedió al sistema financiero para evitar la quiebra de varias entidades, como Bankia, CAM, Novagalia, CatalunyaCaixa, Banca Mare Nostrum y Ceiss, entre otras. En total, algo más de 61.000 millones, de los que 41.000 son un príéstamo de la Comisión Europea que el Estado tiene que devolver con cargo al bolsillo de los ciudadanos.
Alta tensión en Panamá
La fianza de 170 millones de Cesce es vital para que Sacyr pueda cumplir con su palabra de cofinanciar la construcción del último tramo del Canal de Panamá, que ha quedado paralizado con el 70% de los trabajos concluidos. Pero no es la solución definitiva porque para reanudar el tajo es necesario que Zurich, la aseguradora global de la ampliación, ponga encima de la mesa 400 millones de dólares, a los que se sumarían los 100 que aportaría la ACP y otros 100 de las constructoras.
Pero como reconoció la autoridad portuaria en la madrugada del martes, existen todavía “serias diferencias†entre las partes para poner sobre el papel el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada, cuya piedra angular es el retraso hasta 2018 de la devolución de los 780 millones de dólares que Panamá adelantó a Sacyr y a Impregilo para llevar adelante las obras.
Si en las próximas 48 horas no encuentran una solución, la ACP está decidida a echar a las constructoras y tomar el control del proyecto, una medida drástica que llevaría aparejada una batalla legal de consecuencias impredecibles para las empresas y para el país centroamericano. Las píérdidas para Sacyr serían de cientos de millones y su situación patrimonial quedaría muy dañada.
