La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desmantelado una red de chiringuitos financieros implantada en España que habría timado a centenares de inversores particulares. La trama ofrecía jugosos rendimientos a cambio de apostar por negocios que en realidad no existían. Despuíés de captar el dinero de sus víctimas, lo evadía mediante sofisticados entramados societarios que impedían reclamar los fondos ante la Justicia. La Policía ha apresado a unas 60 personas por su relación con este fraude, aunque no se descartan más detenciones en las próximos días.
Tanto los detenidos como las víctimas son en su mayoría de nacionalidad británica. De hecho, la Policía Nacional ha realizado las pesquisas que han conducido a los jefes de la red en estrecha colaboración con la división de crímenes económicos de Scotland Yard, que atribuyó máxima prioridad a este caso por el gran número de perjudicados. Se desconoce la cuantía estafada en total por este grupo, pero los investigadores consideran que era el más activo de todos los que actúan en España y uno de los que más capitales movía de todo el mundo. La mayoría de los afectados son personas de avanzada edad que invertían sus ahorros con la promesa de conseguir rentabilidades superiores a las del mercado.
Centro de operaciones en Barcelona
La red había escogido Barcelona para ubicar su centro de operaciones. Había llegado a abrir 11 de oficinas en la Ciudad Condal dedicadas a la captación de víctimas y a la supuesta gestión de sus patrimonios. Los locales tenían la apariencia de empresas de servicios de inversión completamente legales, pero en realidad eran chiringuitos financieros o boiler rooms, la fórmula con la que se conoce en inglíés a este tipo de agencias ilegales. Detrás de ellas se escondía una compleja maraña societaria que tenía como objetivo evitar la localización de los activos que eran sustraídos sistemáticamente a los inversores. El fraude estaba perfectamente organizado y era masivo, aseguran fuentes de la investigación.
El grupo tambiíén contaba con una oficina en Madrid y otra en Marbella, sumando así 13 locales abiertos en territorio nacional. Pero su negocio no se limitaba a España. La UDEF central y la UDEF de la Jefatura Superior de Cataluña, que tambiíén ha participado en la investigación, han encontrado ramificaciones en Reino Unido, Eslovenia, Serbia y Rumanía. Las huellas de esta trama llegan incluso a Estados Unidos. Fuentes cercanas al caso revelan que el grupo utilizó una mina de oro en Estados Unidos como cebo para captar nuevos inversores. Sus chiringuitos financieros prometían a las víctimas participar directamente en los beneficios que generara el yacimiento si compraban las supuestas participaciones que ofrecían, pero los rendimientos nunca llegaron porque la mina llevaba años inoperativa.
Cuando alguno de los inversores reclamaba el reembolso de su dinero, los agentes que trabajaban para la red intentaban convencerles para que mantuvieran sus fondos o los movieran a otras sociedades gestionadas tambiíén por la trama para evitar saltara la alarma. Sólo aquellos particulares que exigían la devolución completa de su inversión descubrían que habían sido víctimas de un engaño. Pero para entonces su dinero estaba alojado en algún punto del laberinto empresarial que habían constituido los cabecillas del grupo.
Investigación dirigida por la Audiencia Nacional
Las investigaciones han estado dirigidas por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que en los últimos meses se había desplazado a Londres para mantener reuniones de coordinación con los investigadores británicos. Los detenidos fueron trasladados este miíércoles la Audiencia Nacional. Despuíés de tomarles declaración, los naturales del Reino Unido serán entregados automáticamente a sus autoridades para que se encarguen de su procesamiento.
La Policía da por desarticulado el núcleo de este grupo, aunque las pesquisas continúan abiertas y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas. Según las mismas fuentes, los jefes de la red contaban con un nutrido grupo de colaboradores de nacionalidad española que tambiíén habría participado en los fraudes.
En 2011 ya fue desmantelada en España una red similar que llegó a estafar 57 millones de euros a ciudadanos británicos con promesas de rentabilidades mensuales de hasta el 8%. Aquel grupo estaba integrado por una veintena de delincuentes y tenía sus oficinas en Islas Baleares. La nueva operación de la Policía Nacional triplica esa cifra de detenidos y tenía mayor implantación en España y en el extranjero. Y, aunque la cantidad defraudada aún no ha trascendido, se prevíé que supere holgadamente todas las estadísticas anteriores.
Scotland Yard ha destinado grandes recursos a este caso y pretende darle la máxima difusión posible en Reino Unido para evitar que otros inversores caigan en la misma trampa. Las relaciones entre las policías española y británica pasan por uno de sus mejores momentos. En el campo de la búsqueda de fugitivos internacionales, por ejemplo, la Policía detuvo en suelo nacional el año pasado a 40 británicos que habían sido declarados en busca y captura por delitos especialmente graves.
