La negociación para acabar con el sistema de gestión de los fondos de formación nacido en 1993 entra en su recta final tras los últimos escándalos que se han producido tanto en UGT Andalucía como en distintas patronales.La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tiene intención de acelerar las conversaciones tras constatar buena disposición en las organizaciones empresariales y los sindicatos tras unas primeras tomas de contacto. El objetivo es acabar con un sistema que durante dos díécadas permitía a patronal y sindicatos monopolizar, bien directamente o con subcontratas, cursos de formación que les permitían quedarse con hasta el 20% del dinero público en concepto de "gastos asociados".
"Tanto la patronal CEOE como UGT y CCOO han aceptado ya informalmente en reuniones discretas que el sistema debe cambiar radicalmente y que debe haber libre competencia y transparencia en la gestión", afirman fuentes autorizadas del Ministerio de Empleo. Pisando este terreno firme, el Partido Popular se lanzó a aprobar el pasado jueves una resolución tras el Debate sobre el Estado de la Nación que insta al Gobierno a "configurar un nuevo modelo de formación para el empleo que garantice la adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral, el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y un compromiso con la evaluación, el impacto efectivo y la calidad de la formación".
El actual sistema mueve anualmente 2.000 millones de euros y los continuos escándalos- tanto en la gestión de lo sindicatos como de distintas patronales- y el hecho de que el grueso de los que reciben formación no creen que contribuya a su desarrollo profesional, urge a un cambio radical. El Gobierno pretende que los cursos sean impartidos por los centros homologados que resulten más adecuados en un proceso competitivo generalizado, aunque no estíén ya vinculados a los agentes sociales como en el pasado. Tambiíén declara que pretende acabar con la opacidad que, sobre todo en las comunidades autónomas, persiste en el negocio de la formación. El Ministerio de Empleo ya dio un primer paso en la reforma laboral para abrir parte del sistema a la competencia, pero patronal y sindicatos siguen controlando el grueso del modelo.
Reforma integral del sistema
El pasado miíércoles, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, introdujo en su discurso la necesidad de la reforma, sabiendo, ya que no iba a provocar con ello un choque con el secretario general de UGT, Cándido Míéndez, y el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo tras los contactos previos mantenidos por Báñez. "Creo que a estas alturas, señorías, ya no existen muchas dudas de que, tras díécadas de funcionamiento del actual sistema, no ha tenido los resultados que todos queremos. Por ello, se abordará una reforma integral de este sistema para poner en marcha un nuevo modelo de formación profesional; un nuevo modelo que se regirá por los principios de transparencia y libre concurrencia y que, a partir de ahora, estará sometido a una evaluación permanente de los resultados para garantizar que cumple con sus objetivos, para asegurar que la formación profesional desempeña su función como palanca de acceso, de mantenimiento y de retorno al empleo. La gran apuesta en la modernización de los procesos productivos tiene que ser la potenciación de los recursos humanos como base fundamental del sistema", afirmó el presidente del Gobierno en uno de los apartados de su discurso que ha pasado más inadvertidos.
Fuentes próximas a la negociación resaltan que una de las dificultades para alcanzar un acuerdo es la petición sindical de "ayuda financiera para desmontar estructuras". Durante lustros, tanto UGT como CCOO han creado una red de centros y personal para impartir los cursos que, en no pocos casos, tendrán muy difícil seguir prestando servicio en un nuevo sistema basado en la libre competencia, según estas fuentes. Hasta 2012 -en que la reforma laboral liberalizó una parte minoritaria- patronal y sindicatos eran prácticamente los intermediarios únicos del sistema y han tenido derecho a quedarse durante años con el 20% de los fondos que recibían en el nebuloso concepto de gastos asociados a la organización de los cursos. Los escándalos descubiertos han mostrado que no solo se destinó ese dinero a montar cursos, sino a múltiples abusos en el uso de ese margen, que fue reducido en 2011 al 10%, pero que aún se presta a picaresca. CCOO ha marcado distancias con UGT asegurando que su sindicato nunca apuró, ni mucho menos, el porcentaje de comisión permitido.
"Los sindicatos aseguran que necesitan ayuda para financiera para desmontar toda esa estructura", aseguran las citadas fuentes. Un dirigente sindical resalta el coste que puede suponer cerrar instalaciones y prescindir de personal y plantea la necesidad de instrumentar una ayuda que permita abordar este proceso de forma "no traumática". En la patronal CEOE, por su parte, no consideran viable esta petición, aunque sí ven margen dentro de la negociación colectiva para que los sindicatos puedan seguir utilizando parte de su estructura.
Acuerdo próximo
"Ya hemos mantenido reuniones y va a haber otras en los próximos días, deberíamos alcanzar un acuerdo en las próximas semanas", confirman a este diario por su parte fuentes de la patronal. La posición del presidente de CEOE, Juan Rosell, es introducir lo que llama "el cheque formación", una liberalización del sistema de modo que no sea la Administración ni la llamada Fundación Tripartita (en la que participan Administración, patronal y sindicatos) quien planifique y gestione los fondos, sino las propias empresas. "Debe ser cada empresa la que dedique los fondos a formar a sus trabajadores conforme a las necesidades de su actividad".
Se basa en que las empresas aportan a la formación un 0,6 % de las cuotas a la Seguridad Social, mientras que los trabajadores destinan el 0,1 %.."Es incomprensible que ese 0,6 % que pagan los empresarios lo gestionen otros", ha declarado reiteradamente Rosell. í‰ste es partidario de acabar con la llamada Fundación Tripartita. Por su parte, la secretaria de Formación de UGT, Teresa Muñoz, rechaza que los sindicatos queden excluidos del diseño, la planificación y la gestión del modelo de formación y que íésta queda en manos exclusivas de los empresarios. "Empleo no puede quitárnoslo y dejárselo a ellos", ha manifestado.
La negociación obliga tambiíén a un acuerdo entre los Ministerios de Educación y de Empleo que, según el resto de negociadores, aún muestran discrepancias entre ellos sobre el reparto de competencias. La cuestión sobre quíé parte debe ser para financiar cursos a personas con empleo que quieran mejorar su formación y cuál a parados es tambiíén objeto de controversia.
