El Real Decreto-Ley de Refinanciación y Reestructuración de Deuda va a suponer una verdadera revolución del marco normativo de las ofertas públicas de adquisición (OPA) que recae actualmente bajo la autoridad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El proyecto anunciado el pasado viernes por el ministro de Economía, Luis de Guindos, otorga a los jueces la última palabra a la hora de decidir si los acreedores que recapitalicen deuda por encima de un 30% de las acciones de una empresa deberán (o no) ser obligados a lanzar una OPA en bolsa.
La medida trata de compensar a los bancos de las nuevas condiciones de recapitalización impuestas en la futura normativa. Según el planteamiento avanzado por el propio ministro, los convenios de acreedores serán efectivos con la adhesión de un 70 a 75% de la masa de la deuda, de manera que entre un 30% a un 25% de los supuestos disidentes tendrán necesariamente que asumir el acuerdo de recapitalización.
El no va más para estos eventuales opositores sería que, además de ser obligados a una quita de elevadas proporciones, tuvieran tambiíén que pagar una OPA para resarcir a los accionistas minoritarios de empresas que se encuentran en proceso de suspensión de pagos. El Ministerio de Economía intenta resolver la cuestión trasladando el peso de la decisión al ámbito de los juzgados mercantiles en detrimento de las capacidades que ejerce actualmente la CNMV.
La normativa en ciernes viene a trasponer al ordenamiento español las prácticas tradicionales que desde hace tiempo existen en Estados Unidos, donde son los magistrados quienes deciden en última instancia sobre la mayor parte de los procesos vinculados al denominado capítulo 11 de lo que allí se consideran las leyes de bancarrota. En nuestro país el papel de los jueces es cada vez más preponderante en los procedimientos concursales, pero la obligación de lanzar una OPA está perfectamente definida en la ley del Mercado de Valores y su exigencia depende en última instancia de la CNMV.
Precisamente, a tal efecto, el organismo regulador que preside Elvira Rodríguez hizo público a finales de enero una comunicación en la que recordaba “determinadas obligaciones†en materia de ofertas públicas de adquisición de valores. La CNMV pretendía salir al quite de las preocupaciones suscitadas en los mercados españoles ante la afluencia de acreedores dispuestos a asumir el control de sociedades cotizadas por la vía de la recapitalización de deudas.
Diferentes sensibilidades dentro del Gobierno
La advertencia del regulador se interpretó como una especie de ‘aviso a navegantes’ dirigido expresamente a los llamados fondos buitre que acechan alrededor de empresas cuya viabilidad está supeditada a la solución urgente de sus problemas coyunturales de tesorería. El exceso de endeudamiento en la etapa de la abundancia es un pecado mortal para los intereses de muchos empresarios que están viendo peligrar el control de negocios que eran realmente mollares.
Luis de Guindos quiere aliviar la ‘penitencia’ facilitando los acuerdos de refinanciación entre las empresas y sus acreedores bancarios con el fin de evitar en lo posible la condena de liquidación que pesa sobre empresas que gestionan actividades viables. El problema es que dentro del Gobierno existen otros departamentos que se niegan a vestir un santo desnudando a otro o, lo que es igual, perjudicando los intereses de los inversores particulares en bolsa.
El proyecto Midas, como se conoce al plan de recapitalización empresarial pactado por el Ministerio de Economía con los bancos, tiene que hacer honor a su nombre y convertir en oro todo lo que toca. Para eso hace falta que el nuevo decreto defienda no sólo los intereses de los socios de control y sus acreedores financieros, sino tambiíén los que afectan a la masa anónima de accionistas minoritarios.
