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Aunque el gobierno de Grecia anunció un prometedor superávit primario en su balance para 2014, un informe divulgado certificó que la deuda del Estado con el sistema público de pensiones supera los tres mil millones de euros.
Según el cálculos realizados por la misión de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), Atenas debería aparcar su optimismo y cubrir el díéficit de los fondos de la seguridad social, pues de lo contrario no hay garantía de continuidad para las pensiones más allá de 2016.
La situación descrita es ciertamente grave, hallándose virtualmente en quiebra los principales fondos públicos, con retrasos en el pago de pensiones que en algunos casos llegan a los cuatro años.
El principal organismo (IKA) tiene 95 mil solicitudes de jubilación pendientes, con una demora media de entre 1 y 2 años, y otras 75 mil que corresponden a pensiones complementarias cuyo tiempo de resolución puede llegar a los tres años.
A su vez, el fondo que se encarga del pago a los trabajadores por cuenta propia acumula retrasos en la tramitación de 20 mil subsidios, cuyo promedio es de un año para la concesión y de 20 meses más para el inicio del pago.
En situaciones similares se encuentran los diversos seguros de funcionarios y el perteneciente a los agricultores, en los cuales se apilan durante meses miles de solicitudes ante la falta de recursos para hacer frente al pago.
Los acreedores extranjeros cuestionaron abiertamente las cifras dadas por el ejecutivo griego, en relación con la viabilidad del sistema de pensiones, y lo acusó de minimizar sus recomendaciones y críticas por razones electoralistas de cara a la convocatoria de mayo.
De acuerdo con los inspectores de la troika, los ingresos de las aseguradoras disminuyeron constantemente durante los 6 años de recesión hasta tocar fondo en mayo de 2013, cuando gracias a las entradas por turismo y a ciertas medidas adoptadas se consiguió estabilizar la situación.
Sin embargo, el fin de la temporada turística, la continua reducción de salarios y el incremento del desempleo, tras unos meses de equilibrio, forzaron una nueva inflexión en los fondos de pensiones haciendo que el díéficit del IKA pasara de los 800 millones de euros estimados a más de 1,1 mil millones.
Una parte importante de la deuda se debe al impago de empresas, muchas de ellas ya quebradas, o de trabajadores autónomos, y pese a las medidas de fuerza adoptadas por el gobierno solo una pequeña parte de los morosos llegaron a pagar unos 20 millones de euros.
Las previsiones de aumentar la recaudación mediante el incremento de la presión fiscal y las sanciones a los defraudadores resultaron un completo fracaso que repercute no solo en la financiación de la seguridad social sino en el conjunto de la economía pues empuja a miles de establecimientos al cierre.
