Según ha informado recientemente el diario Financial Times, las entidades financieras germanas, con el Deutsche Bank y el Commerzbank a la cabeza, no habrían entregado ante la institución los datos correspondientes a las hipotecas concedidas a familias que, en el caso de la banca de otros países, sí se incluirán en el programa de la evaluación de calidad de los activos (AQR, por sus siglas en inglíés).
Desde Alemania aseguran que su forma de contabilizar estos príéstamos difiere de la forma de contabilizar estos príéstamos en otros países del Viejo Continente, y que modificar ahora este míétodo será muy costoso. Por eso prefieren pasar por alto esta parte de su negocio a la hora de ser examinados. Los bancos alemanes, al parecer, sólo valoran estas hipotecas en el momento en el que se suscriben, ya que suelen encerrar unas cláusulas más costosas que en otros lugares como España donde, en principio, la trayectoria de estos activos se vigila con frecuencia anual.
Uno de los motivos que justifican esta diferencia, según el rotativo británico, reside en el hecho de que Alemania se encuentra entre los países donde menos se tiene una vivienda en propiedad de toda la zona del euro (apenas un 44% de la población), en comparación a lugares como España, donde la tasa supera el 80% (el 83%, según un reciente estudio del BCE).
Según la nueva normativa del regulador bancario, los bancos alemanes tendrían que revaluar las hipotecas concedidas el año pasado que no figuren en los libros de cuentas. Esto llevaría, sin embargo, a una revalorización a escala nacional del mercado hipotecario germano que Berlín trata de evitar a toda costa.
Además, hoy el BCE ha publicado un manual sobre la metodología aplicable a la ‘fase 2’ del AQR de la banca europea, que ofrece orientación a las autoridades nacionales competentes y a los terceros que colaboran con ellas acerca de la realización del ejercicio.
Según ha señalado en un comunicado la institución que preside Mario Draghi, el importe total de los activos ponderados por riesgo de las carteras seleccionadas para el análisis alcanzará los 3,72 billones de euros, lo que equivale al 58% del total de activos ponderados por riesgo de las 128 entidades que se someterán a la evaluación global. El número medio estimado de expedientes de críédito examinados por entidad será de 1.250.