La juez de los ERE, Mercedes Alaya, responsabiliza a Magdalena ílvarez, exconsejera de Economía, exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por las ayudas concedidas entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 con cargo a la partida de la Junta de Andalucía investigada por la magistrada y que considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Por esta razón ha impuesto a ílvarez una fianza civil de 29.568.129 euros, nueve meses despuíés de su imputación en el caso. Tambiíén fija la responsabilidad de su exviceconsejero Josíé Salgueiro en 22 millones y la del secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa en ocho millones.
La dureza de este auto de Alaya no tiene precedentes en los tres años de investigación, ya que incluye una frase que avanza una supuesta condena para reforzar la carga incriminatoria que le achaca a ílvarez y sus dos antiguos subordinados, un paso iníédito en la prosa de la juez. "Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan", reza el auto de ayer.
La exministra socialista recuerda que ha recurrido a la Audiencia de Sevilla el último auto por el que resultó imputada, y que podría anular las acusaciones de la magistrada. "Estoy a la espera del auto de la Audiencia y recurriríé la fianza", avanzó desde Luxemburgo.
Con la fianza civil, Alaya estima que Magdalena ílvarez es responsable del sistema de ayudas, que la juez considera ilegal y creado para evitar los controles de la Intervención General. ílvarez fue consejera andaluza de Economía desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitaría a tres de los 11 años que investiga la magistrada (2000-2010) y durante los que se concedieron ayudas.
La juez imputa a ílvarez por malversación y prevaricación, cargos que la exministra ya negó el pasado 8 de octubre a la magistrada, ante quien defendió que no conoció los “reparos†de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento de concesión de ayudas.
Días antes, la Audiencia de Sevilla había anulado la primera imputación de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda, Magdalena ílvarez, al considerar que la acusación no estaba suficientemente argumentada.
La petición de fianza de Alaya se produce pese a que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medidas reales contra ella. La acusación ejercida por el PP dejó que la juez determine la fianza real y la organización Manos Limpias pidió 125 millones más el tercio legal por responsabilidad civil.
Alaya considera a la exministra “una de las promotoras, en connivencia con otros†del sistema de pagos de los ERE: las transferencias de financiación, un procedimiento de concesión de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, según la magistrada, carecía de control y favorecía su entrega discrecional. Esta partida llegó a sumar 721 millones, de los que la investigación considera que se defraudaron fondos públicos por unos 136 millones.
Empleo era responsable del uso del fondo, por lo que tambiíén están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y su antecesor y diputado Josíé Antonio Viera. No obstante, la juez atribuye a ílvarez haber eludido “los fíérreos requisitos legales de tramitación y fiscalización†establecidos para las subvenciones “puesta de acuerdo con otros (...) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opacaâ€. Del mismo modo, tambiíén atribuye a la exministra haber autorizado siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.
En la rama política-financiera del caso, la juez ha señalado en sus autos a los expresidentes Manuel Chaves y Josíé Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, como responsables del diseño del fondo de los ERE. Alaya debe enviar esta parte de la causa al Tribunal Supremo, pero a pesar de los reparos de la Audiencia, la juez maneja sus tiempos y sigue tomando declaración a los 20 ex altos cargos de la Junta imputados para afinar sus tesis incriminatorias antes del envío parcial del caso al alto tribunal.
La exministra, aunque defendió que debería haberse usado la figura administrativa de la encomienda de gestión para las ayudas, defendió las transferencias de financiación -“pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvencionesâ€, argumentó- y se desvinculó de las ayudas que otorgó Empleo y que consideró mal gestionadas. "Desconocía que, por parte de la Junta, se financiaran pagos de pólizas. En ningún momento tuve información de los hechos que se están investigando porque no tuve acceso desde el punto de vista temporal. Es evidente porque me marchíé en 2004 [de la Consejería de Hacienda]. Yo no aprobaba los presupuestos sino que los aprobaba el Parlamentoâ€, declaró ante la juez en octubre.
Sin embargo, Alaya insiste en que la consejera pudo haber “dado instrucciones†o “conocer, al menos†que se alteraba el presupuesto para modificar la partida de la que salían las ayudas, algo que la exministra negó.
