El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha pedido durante una conversación telefónica a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que informe en detalle al Ejecutivo comunitario antes de adoptar una decisión definitiva sobre el rescate de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra.
"El vicepresidente Almunia ha recibido una llamada de la ministra esta tarde y le ha pedido que las autoridades españolas informen a la Comisión antes de adoptar una decisión sobre este asunto", según ha explicado el portavoz de Competencia, Antoine Colombani.
El Ejecutivo comunitario debe determinar si el plan del Gobierno español supone una subvención estatal y, en caso positivo, examinar si las medidas se ajustan a las normas de la UE sobre ayudas públicas. Si no es así, Bruselas podría vetar el rescate u obligar a modificarlo.
El Gobierno finalmente opta por integrar las autopistas en una sociedad pública, pero 100% estatal (sin participación de las concesionarias) y con menos deuda de la que soportan las vías. Así, plantea a la banca acreedora una quita de hasta el 50% y convertir los 2.400 millones de pasivo que les reconocería en un bono a treinta años.
El Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda han estado estudiando durante los dos últimos meses las posibles soluciones para estas autopistas. En el marco de este análisis se ha sopesado la opción de integrarlas en una empresa pública o bien la de proceder a su liquidación ordenada, en caso de que esta alternativa tuviera un menor impacto en las arcas públicas.
El Gobierno ha dado de plazo hasta el 31 de marzo a todas las partes afectadas para que respondan si aceptan el plan
