El empresario Fernando Ferríé Cardó, de 69 años, en apenas una díécada armó en Ibiza la mayor cadena hotelera de la isla, el Grupo Playa Sol (GPS), con 11.000 plazas en 40 hoteles y bloques de apartamentos y 1.000 empleados en verano. El problema es que los cimientos de ese imperio los levantó sobre la economía sumergida. Este lunes comienza en Ibiza el juicio contra el empresario. Según la Fiscalía y la Abogacía del Estado no pagó impuestos: evitó ingresar al año cerca de tres millones de euros por Sociedades y alrededor de 800.000 euros por IVA. Además, a Ferríé se le acusa de explotar a su personal, al que retribuía a 3,5 euros la hora, con jornadas de hasta 16 horas y sin día de descanso. Muchos de los contratados (hasta 477 en un solo año) eran extranjeros “en estado de necesidadâ€, según el fiscal, que considera que “se veían obligados a aceptar condiciones laborales y de seguridad social muy por debajo de lo dispuesto†y “abusivasâ€.
Hasta 18 delitos se atribuyen a Ferríé: 14 contra la Hacienda más otros delitos contra los derechos de los trabajadores y contables. La Fiscalía y los abogados del Estado y de la comunidad balear ejercen la acusación junto al sindicato CC OO. El fiscal de Anticorrupción Pedro Horrach pide para el hotelero una condena de 81 años de cárcel, una multa de 18,2 millones, más una indemnización de 17 millones a las arcas públicas. Y el asesor fiscal del empresario, Josep Oller Mateu, que confesó la trama y ayudó a distinguir los pagos en negro de los oficiales, afronta una posible pena de 14 años y la misma sanción económica.
No es la primera vez que Ferríé se enfrenta a los tribunales. En 2009 fue condenado a dos años de prisión por un caso de amenazas y lesiones, en 2005, a 13 empleados de tres hoteles. Pero pactó una indemnización y eludió la condena. Tambiíén cargó con una multa millonaria por contrataciones ilegales de personal en las obras de reforma de hoteles antiguos. El empresario no tenía cuentas corrientes a su nombre, vivía de forma austera, comía en sus hoteles y pagaba siempre en efectivo. Tampoco usaba el ordenador. Lo que sí se halló en su despacho fue una máquina de triturar papeles. Y cinco cajas fuertes vacías.
La realidad de la cadena GPS estaba oculta en la economía clandestina: facturas simuladas, cruzadas entre cientos de sus sociedades que cambiaban de titular y sede con declaraciones ficticias y ganancias nunca superiores a 1.000 euros. La mayoría de las empresas radicaba en Madrid y Barcelona para ocultarse en la multitud de firmas. Tampoco pagaba nada por las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
El listado de 301 compañías de Ferríé parece la guía comercial de una ciudad de China, por sus denominaciones en claves silábicas. El negociante creció al adquirir a grandes cadenas de hoteles viejos o de baja categoría que estaban fuera del mercado medio. En un cobertizo de la casa del hotelero, en Ibiza, tres contables de nacionalidad china punteaban facturas y cuentas: los ingresos en efectivo de las cajas de bares y cafeterías. Los gastos de personal y de arrendamiento de hoteles se pagaba “en Bâ€, explica el fiscal Horrach. Cada hotel tenía dos carpetas, en las que se guardaba la doble contabilidad.
Casi medio millar de empleados de países del este de Europa eran contratados cada verano en Praga para trabajar en Ibiza, por 300 euros al mes y sin ser dados de alta en la Seguridad Social. Las plantillas hacían a veces jornadas de hasta 16 horas, sin día de descanso semanal o vacaciones y dormían hacinados en sótanos “en condiciones totalmente contrarias a la dignidad humanaâ€, relata el fiscal.
En 2010 el hotelero Ferríé fue detenido y encarcelado durante dos meses al estallar el escándalo de fraude, bautizado Operación Trueno por la policía y la Fiscalía Anticorrupción. Desde entonces estaba en libertad, a la espera de juicio. Los investigadores apuntan que la enredada estructura de propiedad y gestión del grupo de turismo —de precios populares— se tejió para dificultar precisamente el rastreo de sus números y escaparse de la lupa de Hacienda. Las sociedades no tenían ni patrimonio ni actividad real. Durante meses, 30 investigadores bucearon los números y los balances.
El equipo GPS acogía en sus hoteles una media de 350.000 turistas cada verano. Al caer el dueño, en 2010, la gestión de la cadena pasó a manos de administradores judiciales. En 2013 las sociedades de GPS suspendieron pagos con 300 millones en rojo (200 millones de deuda bancaria) y, desde entonces, los gestores delegados tratan de ordenar y reflotar la cadena hotelera, que sigue activa en el mercado y a la búsqueda de compradores
