El pacto entre el consorcio de constructoras GUPC y la ACP, para desbloquear las obras del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, se alcanzó el 27 de febrero, pero no es hasta estos días cuando el proyecto empieza a entrar en una nueva etapa de normalidad. Buena parte de culpa la tiene la entrada de dinero fresco en la caja de GUPC.
Los socios del consorcio (Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Cusa) han inyectado los 100 millones de dólares a que se había comprometido en el armisticio. La ACP, que ya hizo efectivo el pago de 36 millones de dólares correspondientes a la certificación de diciembre, ha hecho lo propio con los 100 millones que le correspondía aportar. Con esos 200 millones de dólares en caja, los trabajos van tomando “un ritmo adecuadoâ€, citan fuentes cercanas al consorcio, a la espera de que se cumpla otro hito importante: ACP y GUPC han acordado un plazo de dos meses para que las constructoras levanten el críédito de 400 millones de dólares que serán garantizados por la aseguradora del proyecto Zurich.
Está previsto que sea la banca panameña quien entre a financiar la parte final de la obra, que avanza al 73% de grado de ejecución y tiene en diciembre de 2015 su fecha de conclusión. Las negociaciones, según las fuentes consultadas, han comenzado.
La fecha de finales de 2015 supone un retraso de seis meses sobre el fin de obra anteriormente fijado, que ya elevaba la previsión inicial. Esta nueva dilación, según ha puesto de manifiesto la ACP, supondrá la píérdida de 95 millones de dólares de ingresos por el paso de barcos por las nuevas esclusas. A buen seguro, ese argumento será utilizado por el Administrador del Canal, Jorge Quijano, y su equipo para contrarrestar la demanda de sobrecostes de 1.600 millones por parte de GUPC en los procesos de arbitraje en que ambas partes se van a ver envueltas.
Ni Sacyr ni sus socios renuncian a unos fondos que, de ser cobrados por decisión de la Cámara Internacional de Arbitraje de Miami, servirían para pagar el citado críédito de 400 millones de dólares y, especialmente, para devolver los anticipos reembolsables entregados por la ACP. Esta última cifra asciende a 884 millones de dólares.
El entendimiento alcanzado a finales de febrero para reiniciar las obras en la infraestructura que une los ocíéanos Atlántico y Pacífico por Centroamíérica, tras 16 días de paralización por falta de liquidez y ante los abultados sobrecostes que no reconoce la parte panameña, fue ratificado por la junta directiva de la ACP, en reunión extraordinaria el 13 de marzo.
El acuerdo incluye la citada fecha de fin de obra en diciembre de 2015; la entrega de las 12 compuertas que restan por llegar a Panamá como muy tarde en febrero de 2015; la aportación a partes iguales de 200 millones de dólares; la búsqueda de financiación por 400 millones de dólares con garantía de Zurich, y la moratoria hasta el año 2018 para los anticipos reembolsables entregados a GUPC.
Pese a obtener luz verde de la parte contratante de la obra, la firma definitiva aún tardó en llegar una semana. Fue el pasado 20 de marzo cuando el pacto entró en vigor con la adhesión al mismo de Zurich y de la constructora local Cusa, que cuenta con el 1% del capital de GUPC.
Con los trabajos ya lanzados, se abre un escenario de enfrentamiento en el órgano de resolución de conflictos creado para dirimir las diferencias entre el Canal y las constructoras. A la vista de la distancia entre ambas partes en lo que toca a las causas de los sobrecostes, parece claro que será el arbitraje el que finalmente dirima el resultado de las reclamaciones. La batalla podría desencadenarse en el último trimestre de este año.
