Las grandes constructoras agrupadas en Seopan han revuelto Roma con Santiago y al final han obtenido una pequeña victoria moral. La patronal ha conseguido que la ministra de Fomento, Ana Pastor, admita acuse de recibo ante la propuesta que ayer presentó el sector para cerrar un acuerdo sobre el cíélebre rescate de las autopistas de peaje. La solución que ofrece Seopan consiste en que el Estado reconozca a las constructoras un derecho de tanteo en la eventual venta de la nueva Empresa Nacional de Autopistas.
Desde que el Ministerio de Fomento formalizó el pasado lunes el cíélebre plan de rescate, los propietarios de las sociedades concesionarias se han movilizado en altas instancias del Gobierno para evitar que la solución oficial sea escenificada como un ‘trágala’. Las constructoras entienden que con un poco de buena voluntad es factible cerrar un acuerdo que permita a los actuales dueños de las concesionarias salvar la cara tras la nacionalización de sus autopistas.
Los ‘señores del ladrillo’ han recurrido con sus mejores oficios ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, e incluso han solicitado tambiíén la mediación del titular de Economía, Luis de Guindos. Entre uno y otro han terminado por persuadir a Ana Pastor para que otorgue un poco de cuartelillo y conceda algunas fechas de margen antes de oficializar lo que se define como “un pacto sin vencedores ni vencidosâ€.
Al paso de los últimos acontecimientos, y despuíés de varios meses de tira y afloja, la aplicación de una quita del 50% de la deuda de las autopistas de peaje como paso previo para su posterior nacionalización supone un verdadero desafío para Seopan. Las constructoras han interpretado siempre la nota disonante durante las estíériles negociaciones impulsadas por el Gobierno en el último año y ahora que el Ministerio de Fomento ha salido por la tangente con una propuesta marca de la casa se han sentido abocadas a bajar definitivamente la cerviz para no enturbiar las relaciones comerciales con el Estado como principal cliente.
Garantías de cobro sin mayor descuento
Ana Pastor se presentó por sorpresa en la última reunión a tres bandas para exponer la gravedad de la situación creada, refrendar el acuerdo con la banca acreedora y recordar que las constructoras ya han obtenido buena parte de negocio con los ingresos generados por la obra civil. A partir de esta declaración de principios, los tíécnicos de Hacienda y Fomento han diseñado un proyecto que preserva los objetivos de consolidación fiscal con la reducción del coste que el fiasco de las autopistas en suspensión de pagos va a generar para todo el erario público.
La mencionada quita del 50% de la deuda contraída con los bancos supone 2.000 millones de euros en números redondos, a los que hay que añadir los 235 millones que se reconocen a las propias constructoras por obras pendientes de pago. Ambas partidas serán financiadas con un bono a 30 años que puede alcanzar una tasa de rentabilidad de hasta el 4% de acuerdo con las previsiones de tráfico que ha elaborado el Gobierno.
Las grandes cifras no van a diferir de la propuesta del Gobierno, pero tanto el G-6 compuesto por el Banco Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Sabadell y Popular como la propia Seopan reclaman garantías al Estado para colocar la deuda en el mercado sin asumir mayor descuento financiero. El bono a cobrar será emitido por la nueva Empresa Nacional de Autopistas, la llamada ENA II, a travíés de un fondo de titulización creado de manera específica para saldar la responsabilidad patrimonial del Estado en las actuales concesiones de un total de nueve autopistas en quiebra.
Hacienda ha ajustado al límite el plan de negocio de la futura empresa estatal para que su nacimiento no afecte en tíérminos de contabilidad nacional al díéficit público. Por eso, más allá de los detalles tíécnicos sobre los que Cristóbal Montoro no va a admitir ni media fisura, el objetivo prioritario de Seopan es que el Gobierno acepte el derecho preferente de compra de las constructoras el día en que se pongan a la venta las autopistas ahora nacionalizadas. Una aspiración que parece legítima, salvo mejor opinión de la ministra Ana Pastor
