El retraso en la liberación por parte del Gobierno del llamado dividendo digital, es decir las frecuencias radioelíéctricas de la banda de 800 megahercios que Movistar, Vodafone y Orange adquirieron en 2011, puede salirle caro al Ministerio de Hacienda.
El Gobierno se vería obligado a indemnizar a las tres operadoras con cantidades multimillonarias si las frecuencias no están disponibles en toda España a partir del 1 de enero de 2015, la fecha en que el Estado se comprometía a entregarlas a los operadores de telecomunicaciones. Estas frecuencias están ocupadas ahora por la emisión de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT), que deben ser trasladados a otras zonas del espectro para que los operadores de telefonía las puedan usar para dar servicios de 4G. Cálculo del Gobierno Los tres grupos adquirieron los derechos de uso de estas frecuencias –desde 2015 a 2030– en la subasta del verano de 2011, y pagaron por ellas alrededor de 1.300 millones de euros en total. El pago se repartió en unos 450 millones cada uno en el caso de Movistar y de Vodafone y unos 400 millones en el de Orange, que se quedó con el bloque de espectro más problemático –por las posibles interferencias– y, por tanto, más barato. El coste de la indemnización que deberán recibir los operadores por el retraso en la recepción de las frecuencias más allá del 1 de enero de 2015 se situaría, en la hipótesis más barata, alrededor de los 9 millones de euros mensuales, a razón de 3 millones de euros para cada uno de los tres operadores. Eso supone, aproximadamente unos 300.000 euros –unos 100.000 euros por operador– por cada día de retraso, o más de 100 millones al año. Este coste está basado en el propio valor de las frecuencias que calculó el Ministerio de Industria en 2013 y que adoptó como base para fijar el precio que debían pagar los operadores por extender del año 2025 al 2030 la vigencia de sus frecuencias. Este cálculo de la indemnización es conservador, porque sólo incluye el valor de no poder usar un espectro por el que se ha pagado, pero no otros aspectos como el lucro cesante por el negocio de 4G que no se podría prestar o la incertidumbre tecnológica de planificación de la red. El ministro de Industria, Josíé Manuel Soria, intentó, desde el inicio de la legislatura adelantar un año la entrega de esas frecuencias desde la fecha límite fijada oficialmente, el 1 de enero de 2015. Industria pretendía incentivar el despliegue de la red 4G lo antes posible, lo que generaría actividad económica en el despliegue y mejoraría, además, la competitividad de las empresas españolas. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo, que obligó al apagado de 9 canales de la TDT, trastocó todos los planes de Industria. El retraso en la toma de una decisión política por parte del Gobierno imposibilitó que Industria pusiera en marcha el proceso de traslado de los canales de TDT. Queda poco tiempo La fecha del 1 de enero de 2014 se convirtió en imposible, pero la del 1 de enero de 2015 tambiíén empieza a estar en riesgo, dado el retraso que se ha acumulado en el inicio del traslado de frecuencias. Fuentes del sector señalan que, aunque se inicie el traslado ahora mismo, en abril, el calendario para llegar a enero de 2015 está ya muy ajustado.
