CaixaBank ha impuesto su precio en el arbitraje que debía dilucidar una salida al conflicto que arrastra la entidad bancaria con el empresario Eugenio Calabuig por su participación indirecta en el 30% de Aguas de Valencia. Un laudo independiente ha fijado que el precio que debe recibir por su participación es de 120 millones, el doble de lo que esperaba pagar Calabuig.
Así lo establece este documento al que ha tenido acceso El Confidencial por el cual el precio que debe fijarse para la transacción no es el valor contable de Agval, la sociedad instrumental a travíés de la cual se controla Aguas de Valencia, y que serían unos 60 millones de euros, sino un valor corregido al alza de PER 20, lo que supone doblar esta valoración hasta los 120 millones. Eso daría al banco controlado por La Caixa jugosas plusvalías.
En el punto 426 del laudo se señala textualmente: "Ante estas dos posiciones, y a la vista de la dicción del precepto estatutario, parece tener maÌs sentido aceptar que el ‘valor razonable’ se refiere a los ‘fondos propios’ de Agval, corregidos mediante la sustitución del valor contable de las acciones cotizadas que tenga en su activo por el valor resultante de aplicar un PER 20 sobre la media aritmeÌtica de los beneficios recurrentes despueÌs de impuestos, obtenidos por la sociedad cotizada durante los dos uÌltimos ejercicios cerrados y auditados. Esta expresioÌn debe completarse entendiendo que la valoracioÌn debe realizarse en teÌrminos consolidados, en lo que a Aguas de Valencia, S.A. se refiere, dado que la misma es cabecera de un grupo diversificado de empresas y carece de sentido que su valoracioÌn sea individual".
En su última oferta a CaixaBank, a principios de 2013, Calabuig había ofrecido 55 millones por el 49,99% de Agval, mientras que Calabuig tiene el capital restante. Por tanto, ahora Calabuig, que era quien había forzado el arbitraje, está en la disyuntiva de tener que reunir los fondos y hacerse con el control de Aguas de Valencia. La pelota está ahora en el tejado del empresario valenciano.
Calabuig, que preside Aguas de Valencia, había pactado el control de la gestora de Aguas con el Banco de Valencia, pero estos acuerdos fueron revisados cuando el FROB decidió adjudicar esta entidad a CaixaBank.
En el laudo se justifica el precio, entre otras razones, porque así lo marcan los estatutos de Agval, por la intención que había de que Aguas de Valencia cotizara en bolsa y por contemplar todo el valor del grupo y no sólo el de la matriz, entre otras razones.
La estrategia de CaixaBank
CaixaBank siempre se ha mantenido favorable a garantizar la valencianidad de Aguas de Valencia. De hecho, ni siquiera ha entrado en el consejo de administración de la empresa, cumpliendo con las limitaciones que en su momento marcaron las autoridades de competencia. Pero al mismo tiempo ha disentido con las exigencias de precio de Calabuig.
De hecho, el banco que dirige Juan María Nin, se ha ido desprendiendo de otras participaciones industriales de heredadas en otras absorciones fruto del proceso de consolidación bancaria, pero no de Aguas de Valencia, a la espera de que se resolviese el conflicto judicial.
Posición de Calabuig
Calabuig controla Aguas de Valencia, pero está imputado en la Audiencia Nacional por una denuncia del FROB contra íél y contra Domingo Parra, y su socio Aurelio Izquierdo, de que habían perjudicado a la entidad. Se les acusa de haber provocado un agujero en Banco de Valencia de 137 millones y de haber utilizado la financiación de la entidad bancaria para tomar el control de Aguas de Valencia en contra de los intereses del propio banco. El FROB les atribuye delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, una causa judicial que supone un factor de incertidumbre para Aguas de Valencia.
La primera consecuencia es que la Audiencia Nacional ha embargado a Calabuig el 7,9% del capital de Inversiones Financieras Agval, con lo que se rebaja la mayoría de la que disfrutaba Calabuig para controlar Aguas de Valencia.
Aguas de Valencia es una empresa muy relevante. Factura 225 millones al año y el beneficio neto el pasado 2012 rondará los 20 millones. El grupo está creciendo fuera de la zona de Levante y ha ganado dos grandes contratos, uno en La Rioja (22 millones) y otro en Huelva (80 millones). Cuenta con una plantilla de 1.700 personas.
