La reforma fiscal que aprobará el Gobierno este año tendrá que someterse al veredicto de la Comisión Europea. Pero Bruselas no ha querido esperar y ha preferido lanzar un ataque preventivo en forma de un informe acadíémico publicado ayer por la Dirección General de Asuntos Económicos de la Comisión Europea.
El documento no tiene carácter legal. Pero va firmado por cuatro funcionarios, entre ellos, de manera muy significativa, Massimo Suardi, jefe de la unidad de la CE encargada de vigilar la economía española. Las conclusiones, además, reflejan bien la postura de la Comisión sobre la reforma fiscal en ciernes, según las fuentes europeas consultadas. Y coinciden, en ciertos puntos, con la propuesta de reforma fiscal elaborada por la comisión de expertos elegida por Hacienda y que, en buena parte, el Ejecutivo ha rechazado.
Bruselas se muestra favorable a una rebaja de las cotizaciones sociales acompañada por un incremento del IVA, de impuestos medioambientales o de tributos sobre la propiedad. Citando al comitíé presidido por Lagares, el documento de la CE apunta que España recaudaría 19.600 millones de euros más si suprimiera el IVA reducido y superreducido y aplicara siempre el tipo estándar (21%).
El estudio de los funcionarios europeos tambiíén considera que la fiscalidad sobre la propiedad inmobiliaria debería incrementarse en un país donde el 83% de la población tiene vivienda en propiedad.
El Gobierno ya ha rechazado ambas propuestas. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, señaló el martes que es posible rebajar el IRPFsin necesidad de subir otros impuestos. Y Hacienda se niega con rotundidad a incrementar más el IVA, impuesto que ya subió en julio de 2010 y septiembre de 2012.
Bruselas, en cambio, calcula que una reducción de la fiscalidad sobre el trabajo de 5,7 puntos y de un incremento de los impuestos sobre el consumo de 4,2 puntos, permitiría reducir en un punto la tasa de desempleo. Ese cambio no tendría efecto en el PIB durante el primer año, pero lo incrementaría un 0,7% en los siguientes ejercicios.
La CE plantea, como segunda opción, reducir siete puntos las cotizaciones sociales para los trabajadores menos cualificados e incrementar solo 1,2 puntos la fiscalidad sobre el consumo. Supondría una solución menos drástica y que, en tíérminos relativos, impulsaría más la economía.
Bruselas estima que la rebaja de las cuotas sociales a los empleados con menos cualificación generará mayores beneficios sobre la creación de empleo. Sin embargo, admite que con esta medida aumentaría el número de trabajadores poco cualificados y se reduciría ligeramente el grupo de empleados con media y elevada cualificación.
El informe invoca reformas aplicadas en Dinamarca o Alemania como ejemplo de las ventajas de reequilibrar la carga fiscal del trabajo y la del consumo. Berlín elevó el IVA del 16% al 19% y destinó un tercio de la recaudación adicional a recortar las contribuciones sociales.
Francia suprime las cuotas al empleo precario
Francia anunció ayer que aplicará una de las recomendaciones que Bruselas hace a España: rebajar las cotizaciones a los trabajadores menos cualificados. El reciíén nombrado primer ministro, Manuel Valls, anunció que su Gobierno suprimirá las cotizaciones sociales que soportan los empresarios para los empleados que ganan el salario mínimo. Además, estos empleados tambiíén verán reducidas las retenciones sobre sus nóminas y ganarán unos 500 euros más al año.
Ambas medidas están incluidas en el llamado “pacto de responsabilidad†prometido a finales de 2013 por el presidente Franí§ois Hollande. Tambiíén bajarán, en un monto total de 4.500 millones, las cotizaciones patronales para los empleados que ganan entre una y 1,6 veces el salario mínimo (actualmente en 1.445 euros brutos o 1.128 euros netos al mes).
Además, se bajarán desde 2016 en 1,8 puntos las retenciones para las ayudas familiares a los que ganan hasta 3,5 veces el salario mínimo, lo que equivale a otros 4.500 millones de euros. Junto a estos incentivos fiscales, Valls anunció un importe recorte del gasto en la Administración francesa. Propuso reducir a la mitad el número de regiones del país y acabar con los consejos departamentales, dentro de una reforma estructural de la política local. Bruselas exige al Ejecutivo francíés que emprenda medidas para reducir su díéficit. Históricamente, Francia ha sido uno de los países de la Unión Europea con un mayor nivel de gasto público, que supera el 55% de su PIB, por encima de la media europea. Valls anunció un recorte de 50.000 millones en el gasto público que se precisará en las próximas semanas. El primer ministro defendió compaginar la austeridad con medidas de estímulo
