La presidenta de la Junta, Susana Díaz, emitirá este jueves un decreto por el que se retirará provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda, al frente de la que se encuentra Elena Cortíés (IULV-CA), las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la Junta de Andalucía, según han informado fuentes del Gobierno autonómico.
Esta anuncio se conoce despuíés de que el departamento de Elena Cortíés haya hecho entrega esta misma tarde noche a diez familias desalojadas de la Corrala Utopía, que acampaban en la Plaza Nueva de Sevilla, de las llaves de pisos para ser realojadas, pese a que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel íngel Vázquez, manifestara horas antes que el camino del realojo planteado por la Consejería de Fomento y Vivienda para estas familias no es el "correcto", según han constatado los propios Servicios Jurídicos de la Junta.
Según el portavoz, hay que poner el "cuentakilómetros a cero" para buscar la fórmula adecuada que díé una solución a esas personas, dentro del "estricto cumplimiento de la ley".
Fuentes del Gobierno andaluz han informado de que se va a abrir una investigación interna de la Junta al objeto de esclarecer "si los procedimientos y criterios de adjudicación de viviendas a las familias se ajustan a los principios de igualdad y legalidad".
Del mismo modo, Vázquez manifestó esta tarde que ante la situación que vivían las familias desalojadas de la Corrala, la Junta, como siempre, "va a atender a los menores y a las personas en riesgo de exclusión a travíés de los servicios sociales", lo que "no va a modificar, desde luego, el orden legítimo de las listas de adjudicación de viviendas sociales", porque tambiíén hay cientos de familias que se encuentran en una situación de exclusión y de gravedad que ya tienen unos derechos consolidados.
Por su parte, sobre las 21,00 horas de este miíércoles, la Consejería de Fomento y Vivienda, según han informado fuentes del departamento que dirige Elena Cortíés, comenzó el proceso de realojo de familias desalojadas de la Corrala Utopía, en cumplimiento del auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que mandata a las administraciones a "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social".
