Así lo avisa un documento delServicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) de Banco de España, al que ha tenido acceso EXPANSIí“N, y así lo trasladan el Consejo General de laAbogacía (CGAE) y los Colegios de Abogados a bufetes de toda España. En paralelo, el sector traslada que Hacienda está realizando inspecciones puramente fiscales a los despachos desde hace meses.
Según cuentan el CGAE, decanos de Colegios de Abogados y bufetes, las inspecciones por blanqueo se están produciendo en los grandes despachos de la abogacía de los negocios de Madrid y Barcelona, con incursiones en Málaga y Marbella, pero la intención delSepblac es que se extiendan a bufetes de todos los tamaños y en todo el territorio nacional.
Fuentes de los despachos afectados apuntan a que una de las causas de las inspecciones es la amnistía fiscal, en concreto, los asesoramientos a clientes que regularizaron dinero en efectivo.
Aunque el Real Decreto-ley que lanzó la amnistía en marzo de 2012 se limitaba a cuentas y bienes, ante el temor de que el proceso fracasara y ante la urgencia presupuestaria en la que se encontraban las arcas públicas, una Orden de Hacienda de mayo abrió el procedimiento al dinero en efectivo sin origen acreditado, que bastaba con ingresar en un banco. Los abogados son sujetos obligados a informar a Banco de España de las operaciones y clientes sospechosos.
Además, desde diciembre de 2012 el nuevo Código Penal liga el delito fiscal al de blanqueo de capitales, novedad que, a juicio de la Abogacía, ha precipitado las inspecciones. Así lo trasladan Nilson Sánchez-Stewart, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE, e Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional en excedencia y miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
En una Circular, el CGAE informa a los Colegios de abogados de que «hasta la fecha, el Sepblac ha realizado escasas inspecciones a despachos de abogados, ya que sus actividades han estado centradas fundamentalmente en sujetos obligados de carácter financiero». Sin embargo, añade, «el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, que depende de la OCDE) ha observado que no se está realizando una supervisión efectiva a nuestra profesión».
El Sepblac ha trasladado a la Abogacía que el GAFI subrayó esta inquietud en una reciente visita a España, y que en los próximos meses va a volver a nuestro país para comprobar si se ha subsanado el díéficit de vigilancia al sector. El Sepblac requiere documentación muy abundante sobre el despacho y sus clientes (ver información adjunta).
Como alerta el CGAE en su Circular, «no atender este requerimiento o no poder acreditar que se cumple con la ley puede acarrear la imposición de cuantiosas sanciones». En concreto, la multa será de hasta 1,5 millones o un 5% del capital o el duplo de la cuantía de la operación cuestionada.
En cuanto a las inspecciones de Hacienda con un objeto únicamente tributario, Colegios de Abogados y despachos las enmarcan en los objetivos delFisco en el Plan de Control Tributario de 2014, que Hacienda vendrían ensayando desde hace meses. Los requerimientos pretenden hacerse con toda la información y archivos relativos a la clientela del despacho, en el caso de los bufetes.
Según traslada elIlustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), «estas inspecciones sólo se apoyan en la autorización del delegado de la AEAT, que además no motiva ningún propósito tributario concreto. No tienen autorización judicial y se acompañan de la advertencia de que si no se permite este escrutinio se acudirá con los Mossos».
En cuanto a los colegios de abogados, la Agencia Tributaria solicita los informes o dictámenes referentes a minutas de los colegiados para controlar los gastos reales de estos profesionales. El decano del Colegio de Málaga, Francisco Javier Lara Peláez, explica que sólo emiten informes sobre tasaciones de costas.
El Colegio de Málaga ha recurrido estas actuaciones alTribunalEconómico-Administrativo (TEAC) que depende de Hacienda y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha emitido una resolución en que establece que la información requerida al Colegio «no tiene trascendencia tributaria» y, por lo tanto, no debe facilitarla
