La Eurocámara celebra desde este lunes su última reunión plenaria antes de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, que tiene como principal tema en la agenda la aprobación de las piezas finales de la unión bancaria, un proyecto que se ha puesto en marcha en un tiempo ríécord de menos de dos años como respuesta a la crisis de deuda, pero que ha quedado diluido respecto a los planes iniciales por la presión de Alemania.
En la agenda del último pleno de la legislatura hay un total de 150 temas y se votarán 70 propuestas legislativas, el doble que en una sesión normal, con el fin de concluir el máximo número posible de expedientes. Además de la unión bancaria, se aprobarán normas sobre inmigración, trabajadores desplazados o promoción de productos agrícolas.
Los eurodiputados ya no volverán a reunirse -salvo emergencia- hasta el próximo 1 de julio en un pleno en el que se constituirá el nuevo Parlamento Europeo salido de las elecciones del 25 de mayo.
Por lo que se refiere a la unión bancaria, los eurodiputados votarán mañana las tres normas pendientes para completar este proyecto: el mecanismo único de liquidación de bancos en crisis ( y el fondo de 55.000 millones para financiar quiebras y reestructuraciones); la directiva que obligará a los accionistas y acreedores -incluidos bonistas síénior y grandes depositantes-, en lugar de a los contribuyentes, a asumir píérdidas en futuras crisis; y la norma que refuerza los sistemas nacionales de garantía de depósitos.
Las tres normas han sido ya pactadas entre la Eurocámara y el Ecofin, por lo que no hay dudas sobre su aprobación en el último pleno de la legislatura por amplia mayoría. El Parlamento ratificó ya en septiembre del año pasado el primer pilar de la unión bancaria, la creación de un supervisor único. La tarea ha sido encomendada al Banco Central Europeo (BCE), que la asumirá en noviembre tras realizar una nueva ronda de test de estríés a los grandes bancos de la eurozona.
El proyecto de unión bancaria se lanzó en la cumbre de junio de 2012, en pleno epicentro de la crisis de deuda. Su objetivo es romper el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana y lograr que sean los propios bancos y no los contribuyentes los que paguen la factura de futuras crisis. Los líderes europeos esperan que la unión bancaria acabe con la fragmentación financiera de la eurozona y permita que las empresas paguen un mismo tipo de interíés, independientemente de que sean españolas.
Sin embargo, la presión de Alemania, que rechaza pagar por los bancos de otros Estados miembros, ha diluido considerablemente el proyecto original. Así, se ha retrasado indefinidamente la creación de un sistema europeo común de garantía de depósitos, que iba a ser el tercer pilar de la unión bancaria. En su lugar, la Eurocámara votará la directiva que refuerza los sistemas nacionales y reduce de 20 a 7 días el plazo de pago a los clientes en caso de quiebra.
Además, Berlín ha logrado que se adelante a 2016 -en lugar de 2018 como estaba inicialmente previsto- la entrada en vigor de la directiva que obliga a accionistas y acreedores a asumir píérdidas. Con eso se garantiza limitar al máximo futuras ayudas públicas.
En cuanto al mecanismo único de resolución, Alemania ha logrado que sean los Gobiernos y no la Comisión los que tengan la última palabra sobre el cierre de un banco. Además, ha impuesto un periodo transitorio para crear el fondo de 55.000 millones de euros, que se financiará con aportaciones de las entidades, y ha vetado que cuente con el aval del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE).
En la recta final de las negociaciones, la Eurocámara ha logrado acortar de 10 a 8 años el periodo de creación de este fondo. Además, se acelera el ritmo de mutualización al principio del proceso, hasta alcanzar el 70% en los tres primeros años (40% el primer año, 20% el segundo y cerca del 10% el tercero
