El proyecto del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, liderado por Sacyr, ha tomado velocidad de crucero tras la inyección de 100 millones de dólares por parte del consorcio constructor, GUPC, y de otro tanto por parte de la ACP. Ambas responden así al acuerdo que permitió reiniciar los trabajos, suspendidos en febrero por falta de liquidez y ante la acumulación de sobrecostes cifrados en 1.625 millones de dólares. Además, el grupo que integran Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, tiene anticipos reembolsables de la ACP por 780 millones de dólares que tendrá que devolver en 2018.
Con la incertidumbre del arbitraje por sobrecostes y la carga de los anticipos, Sacyr empieza a calcular en quíé situación saldrá de su obra de referencia. Fuentes cercanas al grupo constructor aseguran que existen posibilidades de no incurrir en abultados números rojos tras el reciente saneamiento del balance, con resultado negativo en los tres últimos años por 3.100 millones de euros.
Los 1.625 millones de dólares reclamados se dirimen ante la junta de resolución de disputas (DAB por sus siglas en inglíés) y en la corte internacional de arbitraje de Miami (EE UU). Sobre las previsiones de íéxito, GUPC acaba de recibir el informe anual del analista independiente DLF Associates. Una opinión que vuelve a estar en línea con la expresada en 2013, cuando dijo que había sobrecostes “plenamente justificados y que serían atendidos por el cliente†por 868 millones de dólares. El veredicto servirá para el cierre de la auditoría de las cuentas de GUPC y de la propia Sacyr, que tiene de plazo hasta el 30 de abril.
Las fuentes consultadas estiman que no habrá variaciones en las provisiones (300 millones de dólares los dos últimos años, 127 millones de euros para Sacyr en función de su participación del 48% en la obra) por sobrecostes en el proyecto panameño. Por tanto, las cuentas de Sacyr, con 496 millones de píérdida en 2013, irían sin variaciones a la junta.
Pero la dirección ha recreado distintos escenarios para calcular riesgos. Incluso en el caso más que improbable de que el arbitraje no reconociera ninguna de las reclamaciones, las píérdidas podrían ser digeridas.
Sacyr y el resto de constructoras de GUPC cuentan con vías de ingresos que podrían reportar hasta 400 millones de dólares extra. GUPC invirtió más de 500 millones de dólares en maquinaria y prevíé vender la mayor parte. Alrededor del 70% del parque de grúas, hormigoneras, machacadoras, plantas de hormigón, etcíétera, pertenecen al consorcio y su valor residual supera los 200 millones de dólares, según tasación interna. En Amíérica Latina, efervescente en obra pública, no será complicado colocar el stock de maquinaria.
Además, una vez entregado el proyecto, GUPC cobrará unos 150 millones de dólares correspondientes a las retenciones que la ACP va ejecutando en las certificaciones mensuales. Esas descuentos reembolsables a las constructoras son del 3,5% en cada pago.
La venta de la maquinaria en buen estadoy las retenciones en las certificaciones, como garantía de la correcta ejecución de un proyecto, suelen ser figuras habituales en los contratos de obra pública.
Sobre cómo se devuelven a la ACP los anticipos por 780 millones de dólares, dependerá del propio resultado de las reclamaciones por sobrecostes. A GUPC le restan por cobrar 500 millones de la ACP en una obra que supera el 70% de grado de avance, a los que se suman los otros 600 millones que corresponden al críédito de 400 millones de dólares avalado por Zurich y los 200 millones aportados por la propia GUPC y la ACP. Con estos 1.100 millones de dólares se atenderían los costes de personal y el pago a proveedores.
